Once integrantes de Gendarmería quedaron formalmente imputados por integrar una estructura delictiva que, según la Justicia federal, se apropió de más de una tonelada de hojas de coca que habían sido secuestradas en controles de ruta en el peaje de General Lagos.

Investigación por asociación ilícita en General Lagos
De acuerdo con la investigación judicial, a los once gendarmes se les atribuye haber conformado una asociación ilícita dedicada a desviar y quedarse con cargamentos de hojas de coca que llegaban al peaje de General Lagos, en el sur de la provincia de Santa Fe.
Los hechos habrían ocurrido entre enero y mayo de 2025, período en el que, según los fiscales, el grupo concretó al menos doce maniobras para apropiarse de mercadería incautada en distintos operativos de control sobre el corredor vial.
En total, la estructura investigada se habría quedado con 1.144 kilogramos de hojas de coca, que estaban bajo custodia del personal de Gendarmería tras ser secuestradas como parte de procedimientos contra el contrabando.
Cómo operaba la maniobra según los investigadores
La pesquisa reconstruyó que las hojas de coca ingresaban de manera ilegal al país y eran detectadas en los controles de rutina realizados en el peaje de General Lagos. Una vez secuestrada la mercadería, los gendarmes ahora imputados tenían a su cargo la custodia y el traslado.
En ese tramo del circuito se habría montado la maniobra: en lugar de preservar el cargamento para las actuaciones judiciales, la asociación ilícita habría desviado parte o la totalidad de los bultos, aprovechando su rol institucional y el acceso directo a los depósitos.
Los investigadores sostienen que cada integrante cumplía una función específica dentro del esquema: desde quienes participaban de los operativos en ruta, hasta quienes registraban la mercadería incautada y coordinaban el movimiento de los cargamentos.
Las presuntas irregularidades salieron a la luz al detectarse inconsistencias entre la cantidad de hojas de coca declarada en los procedimientos y la efectivamente disponible en los depósitos oficiales, lo que derivó en auditorías internas y luego en la causa penal.
Impacto institucional y avance de la causa
El caso, que se tramita en la órbita de la Justicia federal, puso bajo la lupa los mecanismos de control interno dentro de Gendarmería y el manejo de los bienes secuestrados en procedimientos contra el contrabando en la región.
La imputación por asociación ilícita y sustracción de mercadería incautada es un paso clave en el avance de la causa, que seguirá con nuevas medidas de prueba para determinar responsabilidades individuales y eventuales vínculos con otros eslabones del circuito delictivo.
En paralelo, se espera que el expediente impulse revisiones en los protocolos de actuación en controles de ruta y en la trazabilidad de los cargamentos secuestrados, especialmente en puntos estratégicos como el peaje de General Lagos, uno de los accesos más transitados del sur santafesino.




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