La nueva reforma migratoria impedirá el ingreso de condenados y facilitará la expulsión de extranjeros que cometan delitos menores.
El Gobierno anunció una nueva reforma migratoria que endurece las condiciones de ingreso y permanencia de extranjeros. Javier Milei la presentó como una medida necesaria para construir un país “serio”. Patricia Bullrich impulsa esta iniciativa, que retoma aspectos del DNU 70/2017, anulado por inconstitucional. La medida se instrumentará por Decreto de Necesidad y Urgencia y se publicará en el Boletín Oficial en los próximos días.
Entre los principales cambios, el decreto impedirá el ingreso de cualquier extranjero con condena previa. Además, permitirá expulsar del país a quienes cometan delitos, incluso con penas menores a cinco años. Aunque no se detalló el procedimiento, el Gobierno adelantó que endurecerá los criterios para obtener residencia. También exigirá seguro médico obligatorio y arancelará la atención en hospitales públicos para residentes transitorios, temporarios o irregulares. Las universidades nacionales podrán cobrar a estudiantes no permanentes.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, y la ministra Bullrich remarcaron que Argentina fue “demasiado permisiva” con el ingreso irregular. Según el Gobierno, el sistema sanitario gastó 114 mil millones de pesos en atención a extranjeros.
En cuanto a los datos penitenciarios, el 6% de la población carcelaria nacional es extranjera. En el Sistema Penitenciario Federal, la proporción asciende al 16,1%. Casi el 70% de ese grupo proviene de Paraguay, Bolivia y Perú. En Buenos Aires, los extranjeros representan el 45% de los presos en cárceles provinciales.
El DNU anterior fue anulado por la Justicia por restringir garantías básicas, como el acceso a la defensa y la reunificación familiar. Pese a ese antecedente, el nuevo decreto insiste con el enfoque que vincula migración y delito, una asociación que generó críticas tanto dentro como fuera del país.
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