El Gobierno nacional enfrenta cuestionamientos a su proyecto de regulación del lobby y abrió una mesa de negociación con la oposición para evitar que la iniciativa se frene en el Congreso.
Durante la última reunión plenaria de comisiones en la Cámara de Diputados, organizaciones civiles, colegios de abogados y cámaras empresarias cuestionaron puntos centrales del proyecto oficial para regular la actividad de lobby.
Las críticas se concentraron en la falta de controles independientes. Así como también en la amplitud de las facultades del Poder Ejecutivo y la ausencia de sanciones claras ante posibles incumplimientos. También alertaron sobre el riesgo de que la norma termine legitimando prácticas opacas en lugar de transparentarlas.
Frente a este rechazo transversal, el oficialismo decidió postergar la firma del dictamen. A su vez abrió un canal de diálogo con bloques opositores para introducir modificaciones al texto original.
Negociaciones por la ley de lobby
En la mesa de trabajo, legisladores del Gobierno y de la oposición analizan incorporar mayores obligaciones de publicidad de las reuniones con grupos de interés y la creación de un registro público unificado de lobbistas.
Otra de las propuestas en debate es que el Congreso tenga un rol más activo en el control del lobby sobre funcionarios y parlamentarios. Lo hará con informes periódicos y normas de ética más estrictas.
Mientras continúan las negociaciones, organizaciones de la sociedad civil reclaman que la futura ley de lobby garantice transparencia real en la toma de decisiones públicas y evite privilegios para sectores con mayor capacidad de presión.
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