En una sesión cargada de sospechas y tensiones internas, el Senado vota Ficha Limpia, una ley que podría redibujar el mapa político nacional.

El Senado debatirá este miércoles el proyecto de Ficha Limpia, que busca impedir el acceso a cargos públicos a quienes tengan una condena en segunda instancia por delitos de corrupción. El tratamiento ocurre en un contexto de tensiones políticas, internas y externas, que rodean tanto al oficialismo como a la oposición. El Gobierno necesita 37 votos para aprobar la norma, cifra que podría alcanzarse con el respaldo de bloques provinciales y sectores dialoguistas.
A pesar de los compromisos asumidos durante la labor parlamentaria, el oficialismo adoptó una estrategia ambigua. Por un lado, funcionarios y legisladores aseguraron que existía voluntad para sancionar la ley; por otro, operadores cercanos a la Casa Rosada filtraron dudas sobre los votos disponibles. Esta doble postura alimentó sospechas entre los aliados, que temen una maniobra para evitar que el proyecto avance.
En paralelo, el kirchnerismo se mantiene firme en su rechazo, al considerar que la norma busca “proscribir” a Cristina Kirchner, condenada en la causa Vialidad. Su exclusión de la competencia electoral nacional alteraría la estrategia de polarización que benefició al oficialismo en 2023.
La iniciativa fue aprobada en Diputados en febrero. Si el Senado introduce cambios, deberá volver a la cámara baja, lo que postergaría su aplicación este año. El oficialismo intentó instalar el congelamiento de las dietas como un eje paralelo para desviar la atención, pero no logró imponer ese punto en la agenda formal.
Mientras tanto, los bloques opositores ratificaron su respaldo al texto original. Apoyados por legisladores del PRO, la UCR y fuerzas provinciales, advirtieron que no aceptarán demoras. En ese escenario, todo indica que la definición ocurrirá voto a voto, bajo una fuerte presión política y mediática.
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