El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, presentó el proyecto Ley Hojarasca para eliminar 70 leyes viejas que “restringen libertades y generan gastos innecesarios”.
Este lunes, el Gobierno nacional envió al Congreso la Ley Hojarasca, un proyecto que busca derogar unas 70 leyes aprobadas durante el siglo XX que, según el Ejecutivo, quedaron obsoletas o limitan la libertad de los ciudadanos. La iniciativa fue anunciada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien aseguró que el objetivo es “promover la seguridad jurídica y remover obstáculos que frenan el desarrollo personal y del país”.
Leyes a derogar
Entre las normas a eliminar se encuentran leyes sancionadas tanto en gobiernos militares como en presidencias constitucionales. “Buscamos derogar leyes que imponen cárcel por defender los derechos humanos en ámbitos internacionales o que limitan la libertad de expresión y propiedad”, explicó Sturzenegger a través de un comunicado oficial.
El ministro también señaló que algunas de estas leyes “generaron gastos innecesarios para los contribuyentes”, como en el caso de la Federación Argentina de Municipios, y adelantó que se eliminarán normativas que “limitan derechos fundamentales”.
Además, destacan: una norma del gobierno de Juan Domingo Perón que castigaba a quienes defendieran derechos humanos en el exterior, y la ley 18312 del régimen de Juan Carlos Onganía, que controlaba la distribución de papel para los diarios. “El Estado intentaba limitar la libertad de expresión con esta ley”, agregó Sturzenegger.
Además, el proyecto busca anular la ley 19.787 del gobierno militar de Alejandro Lanusse, que imponía la difusión obligatoria de ciertos tipos de música en los medios, y la ley 20.120, también de Lanusse, que autorizaba a la policía a ingresar a reuniones públicas sin previo aviso. Para Sturzenegger, esta última “es una clara violación a la libertad personal”.
Otro de los puntos que genera controversia es la eliminación de la ley 20959, sancionada durante la presidencia de Isabel Perón, que otorga privilegios de circulación y estacionamiento a los legisladores. “Es inaceptable en una sociedad democrática”, afirmó el ministro.
El proyecto también prevé derogar la ley 20983 de 1975, que obligaba a los medios de comunicación a destinar 60 minutos diarios a la difusión de temas turísticos.
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