El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad denunció este lunes a la Jueza Karina Andrade, quien dejó libre a los detenidos por los incidentes registrados la semana pasada en el Congreso.
En un giro inesperado de los acontecimientos que siguen a los disturbios ocurridos en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante la marcha del 12 de marzo, el Ministerio de Seguridad Nacional, bajo la instrucción de la ministra Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La denuncia incluye cargos por prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.
Las autoridades radicaron la presentación ante la justicia en el fuero federal, fundamentada en las graves irregularidades que cometió la jueza durante su intervención en el proceso judicial posterior a los disturbios.
En el centro de la denuncia se encuentra la decisión de la magistrada de liberar a 114 personas detenidas, sin haber analizado las pruebas pertinentes, sin considerar los antecedentes penales de los detenidos y sin respetar los procedimientos legales establecidos para este tipo de casos.
Los detenidos liberados, según los documentos presentados por el Ministerio de Seguridad, tenían antecedentes por delitos de gran gravedad, como lesiones, tráfico de estupefacientes, tenencia de armas de fuego y robo.
En lugar de seguir los protocolos establecidos, la jueza Andrade habría dictado su resolución a través de un grupo de mensajería instantánea, sin dejar registro oficial de la decisión y sin dar intervención formal al Ministerio Público Fiscal, lo que aumenta la gravedad de su proceder.
Los detalles de la denuncia
Además, en un contexto de creciente tensión social, la denuncia señala que grupos organizados con posibles vínculos políticos promovieron los disturbios del 12 de marzo, que resultaron en más de una docena de efectivos heridos y daños materiales significativos. Entre estos grupos se destacan el exlíder montonero Mario Firmenich y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Estos grupos habrían incitado a la violencia con el objetivo de desestabilizar el orden democrático del país.
La denuncia también menciona la posible implicación de barras bravas de distintos clubes de fútbol, que habrían recibido pagos para participar en los hechos violentos.
A medida que la investigación avanza, se espera que la justicia determine si la jueza Andrade actuó de manera ilícita al liberar a los detenidos involucrados en estos disturbios y si existen otras responsabilidades en el marco de estos hechos que sacudieron la paz social en Buenos Aires.
La denuncia contra la jueza Karina Andrade abre un nuevo capítulo en la lucha por la transparencia y el respeto a los procedimientos judiciales, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad y el orden público en el país.
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