Aunque el gobierno cerró la unidad que analizaba $LIBRA y el criptogate, la causa penal sigue abierta y crece la presión judicial y política.
El gobierno nacional cerró la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada para indagar la difusión de la criptomoneda $LIBRA durante el escándalo conocido como criptogate. El decreto 332/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, oficializó la medida. Según el Ejecutivo, la unidad ya entregó toda la información al Ministerio Público Fiscal y concluyó su función.
La UTI se enfocó en el rol de funcionarios del Poder Ejecutivo en la promoción de la criptomoneda. Aunque la oficina terminó su tarea, el gobierno no reveló los resultados ni los datos recabados durante la investigación.
El caso comenzó el 14 de febrero, cuando Milei promocionó la criptomoneda $LIBRA desde sus redes sociales. Ese gesto atrajo a cientos de inversores. Sin embargo, el proyecto colapsó pocas horas después. Sus desarrolladores se retiraron y la moneda perdió el valor prometido.
Las personas afectadas señalaron una “rug pull”, es decir, un fraude donde los creadores abandonan el proyecto tras recolectar fondos. El hecho generó reacciones políticas y judiciales. La Cámara de Diputados armó una comisión investigadora y convocó a tres ministros.
Mientras tanto, en Estados Unidos, avanza una demanda colectiva contra Milei. Los denunciantes lo acusan de promoción engañosa y de actuar con negligencia. Alegan que sin su aval, los inversores no habrían confiado en la criptomoneda.
Aunque el gobierno cerró la UTI, la investigación penal continúa. El caso mantiene repercusión nacional e internacional. Muchas personas aún reclaman respuestas sobre las pérdidas y los posibles conflictos de interés dentro del oficialismo.
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