El Gobierno nacional junto al Ministerio de Justicia y autoridades políticas y judiciales de Santa Fe pondrán en marcha el Código Procesal Penal reformado.
La aplicación en Rosario del Código Procesal Penal reformado tiene como objetivo agilizar procesos e investigaciones de delitos graves como el tráfico de drogas, lavado de dinero, secuestro, corrupción política, entre otros. En tal sentido, esta tarde desde las 16.30 se realizará el acto en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.
El ministro de Justicia Cúneo Libarona será el encargado de encabezar el acto. En tanto, estarán presentes la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el presidente de la Corte Horacio Rosatti, el gobernador Maximiliano Pullaro, el presidente de la Cámara de Casación Federal Mariano Borinsky, el Procurador General de la Nación Eduardo Casal, la titular de la Defensoría General Stella Maris Martín y otros ciento cincuenta invitados.
Es el principal desafío de la gestión de Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia. Esto se debe a la enorme amenaza que representa para la institucionalidad democrática la violencia de las bandas narcocriminales en la ciudad. De hecho, en una entrevista el funcionario había explicado que la aplicación del sistema acusatorio busca “tener una Justicia efectiva, rápida, que se reconcilie con la sociedad”. Consecuentemente, explicó que en el marco del plan “Por una Justicia eficaz”, “lo más importante es implementar en todo el país el nuevo Sistema Procesal”.
De qué se trata
En palabras del propio ministro, se trata de un “cambio de roles”, según explicó en diálogo con Infobae. “Tenemos un fiscal que cumple su función de fiscal e investiga, toma las denuncias, tiene posibilidades de desechar muchas denuncias, recurrir a métodos alternativos, conciliación, reparación integral, y la defensa. Y un juez, que es un tercero imparcial, donde tiene las dos partes para analizar. El juez decide las medidas invasivas: allanamientos, interceptación de teléfonos, detenciones, prisiones preventivas. Esto es mucho más rápido“, aseguró.
La característica principal del sistema es la marcada distinción de los roles del fiscal, el defensor y el juez. Esto, a partir del nuevo esquema a través del cual el juez asumirá un rol imparcial entre las partes y las víctimas. De esta manera, los jueces ya no serán responsables de la investigación, sino que deberán controlar las investigaciones que realice la Fiscalía.
Por su parte, la Fiscalía se hará responsable del resultado de la investigación y, asimismo, se modificará la dinámica de las audiencias y de la interacción entre las partes. Queda eliminada la figura del expediente, debido a que todo se hará a través de exposiciones orales basadas en un legajo que tendrá el fiscal y que no estará obligado a compartir con el juez.
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