El oficialismo busca apoyo para reducir la edad de imputabilidad juvenil, aunque aún hay diferencias sobre penas y espacios de detención.
El Gobierno se prepara para avanzar la próxima semana con el dictamen que propone modificar el Régimen Penal Juvenil. Aunque el proyecto original de La Libertad Avanza planteaba reducir la edad de imputabilidad a 13 años, el oficialismo acordó subir ese piso a 14 para sumar apoyo de bloques como el PRO, la UCR, el MID y otras bancadas menores. El texto será debatido el martes en un plenario conjunto de comisiones que integran Justicia, Familia, Legislación Penal y Presupuesto.
En total, se discuten 14 iniciativas con propuestas que van desde bajar la edad a 12 hasta mantenerla en 16 años. Aunque el centro del debate se concentra en la edad mínima, los proyectos también incluyen otras reformas al régimen penal juvenil. Entre las medidas previstas, destacan sanciones alternativas como trabajos comunitarios, amonestaciones, prohibiciones de contacto o reparación a las víctimas. La mayoría de los bloques busca combinar la respuesta punitiva con mecanismos de reinserción social.
Las diferencias también aparecen en los límites de las penas. El oficialismo propone un máximo de 20 años de reclusión, mientras que sectores dialoguistas impulsan reducir ese tope a 15. En todos los casos se excluyen la reclusión y prisión perpetuas para los menores.
Otro punto crítico es la falta de infraestructura adecuada para alojar a menores imputables. Varios legisladores advirtieron que el sistema actual no tiene capacidad para contener un posible aumento en la cantidad de detenidos. Además, el proyecto no contempla recursos presupuestarios para construir centros de detención especializados. Esta omisión genera inquietud entre los diputados que, si bien acompañan la baja de edad, exigen condiciones mínimas para garantizar derechos básicos. El oficialismo busca cerrar el dictamen lo antes posible y llevar el tema al recinto.
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