Este miércoles al mediodía dos funcionarios diplomáticos rusos no obedecieron a los agentes de tránsito y el conflicto involucró a la Embajada.
Una polémica situación se vivió este miércoles por la mañana en el barrio porteño de Recoleta cuando agentes de tránsito detuvieron a dos autos diplomáticos rusos para realizarles tests de alcoholemia, a los que se negaron. En el marco del operativo ordenado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, agentes de control frenaron a un vehículo perteneciente a la Embajada de Rusia en la Argentina, un Volkswagen Vento blanco.
Sin embargo, tanto el conductor como los tres acompañantes se negaron a identificarse y a proporcionar la documentación solicitada. Asimismo, creyéndose amparados por la inmunidad diplomática, el chofer también evitó hacerse el test de alcoholemia.
Las autoridades del Ministerio de Seguridad y Cancillería solicitaron al departamento de Seguridad Diplomática de la Policía Federal Argentina que se encarguen de la situación. Esto siempre y cuando se cumplan las disposiciones de la Convención de Viena y las reglas en cuestiones diplomáticas.
Ante la negativa, los agentes escoltaron el vehículo a la Embajada de Rusia, situada en Rodríguez Peña al 2700. Por este motivo se originó un caos vehicular ya que debieron cortarse algunas calles.
Una hora después, pasado el mediodía, otro auto ruso también fue retenido por los agentes, como parte del mismo control. El resultado fue el mismo y el conductor se atrincheró en su vehículo.
Luego de algunos minutos este segundo diplomático también fue escoltado a su embajada. Según la Constitución Nacional, los funcionarios deben brindar la información solicitada por los agentes, independientemente de su condición.
La Embajada rusa se pronunció
No obstante, ante la negativa, las actuaciones seguirán por medio de los canales federales, aunque ya hubo charlas entre ambos países para aclarar el tema.
Momentos después del escándalo que acaparó la atención durante varias horas, el Primer Secretario de la Embajada de Rusia en el país aseguró que esto se trató de una “grave violación al derecho internacional”, amparándose nuevamente en la inmunidad diplomática.
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