Los diez policías acusados enfrentan múltiples cargos por delitos graves, entre ellos allanamientos ilegales y robo.
Durante una serie de audiencias realizadas entre el lunes 30 de diciembre de 2024 y el 2 y 3 de enero de 2025, imputaron a diez policías del Comando Radioeléctrico de Rosario por una lista de graves cargos, incluyendo abuso de autoridad, falsedad ideológica y allanamientos ilegales.
La Fiscalía, encabezada por el fiscal José Luis Caterina, presentó pruebas contundentes que vinculan a los acusados con diversos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, afectando la confianza pública en las fuerzas de seguridad locales.
Los imputados
Entre los imputados figuran agentes de alto rango como Luis Alberto Pais, jefe del Comando Radioeléctrico, junto con Stella Maris Campi, Gisela Lorena Noni, Marcelo Gabriel Buljubasich, Melani Roció Pabón, María Eva Tenallia, Brian Facundo Pereyra, Agustina Noelia Molina, Jaquelina Roldán y Gastón Nicolás Mendoza.
Todos ellos enfrentan cargos por una serie de abusos y delitos cometidos mientras estaban en servicio, tales como robo agravado, privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales, y falsedad ideológica, entre otros.
El caso comenzó a tomar fuerza cuando se descubrió que, en varios procedimientos, los policías actuaron fuera de la ley, llevando a cabo allanamientos ilegales, robo de bienes y la detención arbitraria de personas. En algunos casos, se les acusa de falsificar documentos oficiales para encubrir sus actos ilegales, mientras que en otros, la denuncia de apremios ilegales y abuso de autoridad se ha vuelto una constante en las acusaciones.
El fiscal Caterina detalló que los hechos imputados a los agentes abarcan varios meses y están relacionados con diversos operativos en los que se registraron irregularidades. En particular, se investigan casos de robo de bienes durante allanamientos y la falsificación de pruebas en causas judiciales. Además, en varios de los hechos imputados se identificaron vínculos con grupos delictivos fuera del marco de la ley, lo que agrava aún más la situación de los imputados.
Tras escuchar las argumentaciones del fiscal y de las defensas, la jueza de Primera Instancia dictó la prisión preventiva efectiva para los diez policías, con un plazo de revisión de la medida cautelar a los 45 días. Este fallo fue un golpe a la institución policial, que se encuentra bajo una lupa ante la gravedad de las denuncias.
Allanamientos falsos
Uno de los casos más representativos ocurrió el 27 de marzo de 2023, cuando los acusados intentaron ingresar a tres viviendas del barrio Empalme Graneros. En una de ellas, los policías sustrajeron dinero, celulares y otros objetos de valor.
En otro domicilio, ingresaron sin autorización, exhibieron sus armas y procedieron a privar de la libertad a dos personas bajo el pretexto de un procedimiento falso. Los involucrados falsificaron las actas y testimonios, y fueron imputados por los delitos de falsedad ideológica y abuso de autoridad.
Además, en abril de 2023, varios de los acusados participaron en otro procedimiento en el barrio Antártida Argentina, donde realizaron un allanamiento ilegal, montaron una causa falsa por portación de arma de fuego contra los moradores y los mantuvieron privados de su libertad por más de dos meses.
Durante la investigación, se constató que las circunstancias del procedimiento eran completamente distintas a lo relatado por los acusados, lo que resultó en una fuerte evidencia en su contra.
Imputación por falso testimonio
Imputaron a Jaquelina Roldán por falso testimonio en relación con un procedimiento del 8 de mayo de 2023 en el barrio Las Flores.
En esta ocasión, Roldán firmó el acta de procedimiento en la que se alegaba que un hombre había arrojado una mochila con marihuana, aunque la evidencia posterior demostró que el acta fue falseada y que las lesiones del detenido no fueron reportadas adecuadamente.
En los días siguientes, los acusados continuaron mintiendo ante la Fiscalía sobre los procedimientos en cuestión, lo que ha permitido a la justicia ir recopilando las pruebas necesarias para avanzar en las imputaciones. El fiscal Caterina resaltó la gravedad de los hechos, en los que se demuestra un abuso de poder y una clara violación de los derechos humanos de los ciudadanos.
Otro caso que resaltaron durante la audiencia ocurrió el 9 de junio de 2024, cuando, según la denuncia, varios agentes de la fuerza ingresaron de manera ilegal en viviendas del barrio Alvear de Rosario. Durante este allanamiento, causaron destrozos y acusaron falsamente a los residentes de posesión de armas y drogas. Sin embargo, la Fiscalía descubrió que las pruebas presentadas no coincidían con la realidad y que los detenidos habían sido arrestados sin justificación.
Un mes después, el 13 de junio, los mismos agentes habrían interceptado a una persona en la vía pública, sustrayéndole dinero en efectivo y golpeándolo cuando este comenzó a pedir ayuda. Posteriormente, las pruebas de geolocalización y los testimonios de los testigos desmintieron la versión oficial de los hechos, que mencionaba una persecución por un robo.
Hechos falsos
En otro hecho, el 19 de junio de 2024, se registró un allanamiento en el barrio Antártida Argentina. Durante esta intervención, los agentes confiscaron dinero, pero la versión oficial afirmó falsamente que la detención fue producto de un intento de robo armado, ya que las pruebas reunidas demostraron que tal hecho no ocurrió.
La modalidad de falsificar actas y elaborar relatos inventados continuó durante todo el período investigado, con falsos testimonios que intentaron justificar allanamientos ilegales, privaciones de libertad y hasta el secuestro de bienes de las víctimas. En algunos casos, se realizaron entradas a viviendas sin orden judicial, y se fabricaron pruebas, como el hallazgo de armas que, según investigaciones, nunca existieron en los domicilios registrados.
El patrón de abuso se extendió hasta finales de 2024, con nuevos allanamientos ilegales, este vez con la justificación de la identificación de sospechosos que nunca fueron encontrados. Durante estas intervenciones, las víctimas no solo fueron despojadas de su libertad y pertenencias, sino que también sufrieron daños psicológicos al ser sometidas a procedimientos ilegales que violaron sus derechos fundamentales.
El proceso judicial continúa y se espera que, en las próximas semanas, se den a conocer más detalles sobre los hechos investigados.
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