Un joven conocido como “Santuli“, hijo de la activista Norma Acosta, fue detenido en el marco de la causa que investiga una balacera ocurrida en mayo del año pasado en barrio Tablada, y que la Justicia sospecha que se trató de un autoatentado.
Detención en Villa Gobernador Gálvez
La aprehensión de “Santuli” fue realizada por personal de Asuntos Internos en Villa Gobernador Gálvez, en el marco de la investigación por el ataque a balazos registrado en mayo de 2025 en Larguía al 3400, en pleno barrio Tablada de Rosario. El procedimiento se suma a una serie de detenciones previas vinculadas al mismo expediente penal.
De acuerdo a la pesquisa, la balacera contra la vivienda de la familia Acosta no habría sido una represalia externa, sino parte de un complot planificado. Los investigadores apuntan a un armado deliberado para simular un ataque ligado a sectores policiales, en respuesta a las denuncias que la activista venía realizando en redes sociales.
La hipótesis de un ataque fraguado
La causa sostiene que Norma Acosta habría contratado a gatilleros para que dispararan contra su propia casa. La supuesta maniobra buscaba instalar la idea de una venganza policial por sus denuncias públicas, con el objetivo de reforzar la visibilidad de sus reclamos y señalar a integrantes de la fuerza de seguridad.
En ese contexto, la detención de su hijo se inscribe en una trama que, según la investigación, involucra a varias personas en distintos roles: desde quienes habrían coordinado la logística del ataque hasta quienes ejecutaron directamente los disparos.
La balacera en Larguía al 3400 generó conmoción en Tablada, un barrio atravesado por reiterados hechos de violencia armada. El caso ganó repercusión pública porque la propia Acosta lo vinculó, en un primer momento, a presuntos aprietes policiales a raíz de sus denuncias por abusos y corrupción.
Siete detenidos en la misma causa
Con la captura de Santuli, ya son siete los detenidos en el expediente que indaga el presunto autoatentado. Entre ellos se encuentran los acusados de haber actuado como tiradores, junto a otros sospechados de participar en la organización del hecho.
Las actuaciones de Asuntos Internos se enmarcan en una investigación más amplia sobre la utilización de falsas denuncias para atribuir responsabilidades a efectivos policiales. La Justicia deberá ahora evaluar el grado de intervención de cada uno de los implicados y definir eventuales pedidos de prisión preventiva.
Mientras tanto, se esperan nuevas medidas de prueba, como el análisis de comunicaciones y registros de cámaras de seguridad, que podrían aportar mayores detalles sobre cómo se habría gestado el ataque y quiénes dieron las órdenes. La causa sigue su curso bajo la órbita de la Justicia provincial.
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