Diputados de La Libertad Avanza (LLA) presentaron una denuncia penal contra la legisladora Marcela Pagano por presunto enriquecimiento ilícito, en una presentación que vuelve a tensionar el clima político en el Congreso nacional.
Diputados de La Libertad Avanza (LLA) presentaron una denuncia que lleva la firma de quince funcionarios y referentes del oficialismo ante el fuero Criminal y Correccional Federal, ámbito en el que se investigan los delitos de corrupción y hechos que involucran a funcionarios nacionales. Según la presentación, se apunta a la evolución patrimonial de Marcela Pagano y a presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas.
El escrito solicita que la Justicia abra una investigación formal por enriquecimiento ilícito, un delito contemplado en el Código Penal para casos en los que un funcionario no puede justificar el origen de un incremento sustancial en su patrimonio. La causa quedará ahora a cargo de un juzgado federal, que deberá resolver los primeros pasos del expediente.
La acusación se inscribe en un contexto de fuerte tensión política dentro y fuera del Congreso, donde las disputas entre bloques oficialistas y opositores se trasladan con frecuencia al terreno judicial. En este caso, el planteo surge desde diputados de La Libertad Avanza, el espacio que lidera el presidente Javier Milei, lo que le suma un condimento interno al conflicto.
Qué implica una denuncia por enriquecimiento ilícito
Cuando se radica una denuncia de este tipo, la Justicia suele requerir información a diversos organismos del Estado para reconstruir el patrimonio de la persona investigada: declaraciones juradas, movimientos bancarios, operaciones inmobiliarias y datos fiscales, entre otros. A partir de esa documentación se analiza si existe un incremento patrimonial injustificado.
En paralelo, la causa puede derivar en pedidos de informes al Congreso y a la Oficina Anticorrupción, además de citar a la funcionaria denunciada para que realice su descargo. De comprobarse irregularidades graves, la investigación podría avanzar hacia una imputación formal; si no se detectan elementos suficientes, el expediente puede ser archivado.
Por el momento, la presentación ante el fuero Criminal y Correccional Federal marca apenas el inicio del proceso. Será la Justicia la que determine si las acusaciones cuentan con sustento o si se trata de un nuevo capítulo de la disputa política que atraviesa al Congreso argentino.
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