La senadora nacional Carolina Losada propone elevar las penas de prisión para quienes realicen denuncias mendaces. Sin embargo, un grupo de referentes encabezado por Carlos Rozanski presentó una denuncia penal contra la legisladora en Comodoro Py.
El debate legislativo en Argentina sumó una nueva controversia tras la propuesta de incrementar las penas para quienes realicen presentaciones judiciales mendaces. La iniciativa busca elevar los castigos por falsa denuncia a escalas de tres a seis años de prisión. Asimismo, el proyecto propone penas de tres a ocho años para el falso testimonio en contextos de administración pública.
Carolina Losada, la autora del proyecto, argumenta que actualmente existen medidas cautelares dictadas sin evidencia suficiente en conflictos familiares. Según esta postura, las sanciones vigentes resultan insuficientes para reparar el daño causado a los denunciados injustamente.
Sin embargo, diversos referentes del ámbito académico, jurídico y social presentaron una denuncia penal contra la legisladora impulsora. La denuncia penal contra la legisladora fue presentada por figuras de renombre como el exjuez Carlos Rozanski y la investigadora Dora Barrancos. Referentes sociales como Taty Almeida y Nora Schulman también suscribieron la presentación judicial contra la funcionaria del Senado.
La controversia sobre las estadísticas oficiales
Los detractores de la reforma sostienen que el endurecimiento de las penas busca intimidar a profesionales y presuntas víctimas. Afirman que esta medida generaría un efecto inhibidor que disuadiría a personas vulnerables de buscar auxilio judicial. Para sustentar su posición, citan informes técnicos que sitúan las falsas denuncias en porcentajes extremadamente bajos.
La controversia estadística se centra en un informe del Observatorio de las Violencias de Género publicado recientemente. Dicho documento técnico, citado frecuentemente por quienes rechazan el proyecto, señala que las falsas denuncias representan apenas el 0,09 % del total.
No obstante, este dato técnico presenta limitaciones estructurales que merecen un análisis detallado. En primer lugar, la estadística solo contempla diecisiete de las veinticinco jurisdicciones del territorio nacional. Además, el cálculo se realiza sobre la totalidad de las causas penales y no específicamente sobre casos de violencia de género.
Por lo tanto, el número refleja exclusivamente aquellos expedientes donde la justicia logró probar el dolo o la intención de mentir. Es decir, la estadística oficial mide únicamente los casos procesados bajo el artículo 245 del Código Penal.
El fenómeno del subregistro y el archivo de causas
Un punto crítico en esta discusión reside en la distinción entre una denuncia falsa y una causa archivada. Muchas presentaciones judiciales terminan sobreseídas o cerradas debido a la falta de pruebas concluyentes o la imposibilidad de acreditar hechos. El sistema judicial a menudo no investiga la mala fe del denunciante tras el cierre de estos expedientes grises.
Este escenario genera un subregistro del problema, ya que no se persiguen sistemáticamente las denuncias infundadas. Por un lado, muchas víctimas reales no denuncian por miedo o falta de testigos presenciales en ámbitos privados. Por otro lado, los acusados enfrentan estigmas sociales y restricciones familiares graves a pesar de que las causas no prosperen.
Así, organismos internacionales recomiendan cautela para no desproteger a quienes sufren violencia de pareja. El desafío institucional consiste en mejorar el filtrado inicial de las causas sin desincentivar el acceso a la justicia. En consecuencia, el debate real requiere equilibrar la protección de las presuntas víctimas con el derecho de defensa de los acusados.
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