El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido continuará detenido en una cárcel común luego de que el juez de ejecución penal Roberto Basílico rechazara, una vez más, el pedido de prisión domiciliaria presentado por su defensa.
La defensa de Julio De Vido insiste en que el ex funcionario padece múltiples enfermedades que, según su entorno familiar, no pueden ser tratadas de manera adecuada dentro del penal. Con ese argumento, volvieron a reclamar el acceso al beneficio de la prisión domiciliaria, algo que la Justicia federal volvió a denegar.
El juez de ejecución penal Roberto Basílico emitió una nueva resolución en la que descartó otorgarle el cambio de modalidad de detención. El magistrado consideró que, de acuerdo con los informes oficiales elevados por el Servicio Penitenciario y los equipos médicos intervinientes, las patologías del ex ministro pueden ser atendidas en el ámbito carcelario.
Desde el círculo íntimo de De Vido remarcan que el ex funcionario arrastra un cuadro de salud complejo y que sus problemas crónicos requieren controles permanentes y acceso a estudios especializados. Plantean que esas prestaciones se vuelven difíciles de garantizar bajo el régimen de encierro actual y que ello vulnera sus derechos básicos como detenido.
Las críticas apuntan también al rol institucional del propio Basílico. Se recuerda que el magistrado fue convocado tiempo atrás por Patricia Bullrich para integrar una comisión vinculada a temas de Seguridad, lo que, según el entorno de De Vido, alimenta la sospecha de que el rechazo a la domiciliaria responde más a criterios políticos que estrictamente jurídicos.
En esa línea, allegados a De Vido señalan que el fallo desconoce la situación médica detallada por los peritos de parte y que sigue la lógica de otras decisiones previas en las que se le negó cualquier tipo de morigeración de la pena. Subrayan que el ex ministro, de edad avanzada, debería acceder a condiciones especiales de detención.
La discusión sobre la prisión domiciliaria para ex funcionarios condenados vuelve así a instalarse en la agenda pública. De un lado, sectores que reclaman un criterio más amplio en materia humanitaria; del otro, voces que defienden que los condenados por casos resonantes cumplan sus penas en establecimientos de máxima seguridad.
Debate sobre salud y derechos en el encierro
El caso de De Vido se suma a otros expedientes en los que se discute hasta dónde llega la obligación del Estado de garantizar una atención médica adecuada dentro de las cárceles. Especialistas en derecho penal recuerdan que la ley prevé la prisión domiciliaria para personas con enfermedades graves o en situaciones de vulnerabilidad, siempre que esto no implique un riesgo procesal.
En paralelo, organizaciones de derechos humanos y sectores políticos advierten sobre el impacto de las condiciones de detención en la salud de la población carcelaria, más allá de la identidad de los internos. Sostienen que cada nuevo rechazo judicial reaviva el debate sobre los límites del castigo y las garantías que deben regir aun en los casos más sensibles.
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