Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador se presentaron como “amicus curiae”. La intención fue respaldar a Argentina en el juicio relacionado con la expropiación de la petrolera.
Los países argumentaron que el fallo de la jueza Loretta Preska podría interferir con las futuras expectativas de Argentina. Asimismo, consideraron que podría perturbar las relaciones comerciales con otros países soberanos. Enfatizaron que el tribunal estadounidense intervino en un asunto doméstico regido por leyes y estatutos locales. En tal sentido subrayaron que YPF cotiza en Wall Street, pero es una empresa argentina.
En sus escritos, Brasil y Uruguay destacaron que los pueblos de la región no deberían sufrir consecuencias económicas de una sentencia que malinterpreta la ley vigente. Además, fue emitida por un tribunal que no debería haber ejercido jurisdicción. Chile y Ecuador resaltaron la preocupación por la creciente amplitud de las sentencias de los tribunales estadounidenses. Advirtieron sobre el impacto negativo en la participación de empresas regionales en Wall Street.
Adicionalmente, en la corte estadounidense, provincias productoras de hidrocarburos en Argentina, el Colegio Público de Abogados de CABA y ex jueces argentinos también presentaron sus argumentos.
Por otro lado, la empresa demandante Burford Capital presentó un extenso escrito de 122 páginas para identificar bienes estatales embargables, en respuesta a las restricciones impuestas por Argentina sobre la obtención de información por parte de las empresas ganadoras del fallo. Este proceso judicial podría extenderse y enfrentar resistencia por parte del Estado argentino.
Comentarios