Organizaciones sociales y profesionales convocan a una movilización frente a los Tribunales para respaldar a un grupo de psicólogas cuestionadas en causas de abuso, en medio de acusaciones cruzadas por supuestas denuncias “falsas”.
Protesta frente a Tribunales para respaldar a profesionales
La convocatoria es para este jueves 23 de abril frente a la sede de Tribunales, donde organizaciones denuncian una fuerte ofensiva contra psicólogas que intervienen como peritos y profesionales en expedientes por abusos. Los convocantes sostienen que se intenta desacreditar su trabajo mediante acusaciones de haber impulsado denuncias “falsas”.
De acuerdo a los organizadores, en los últimos meses se multiplicaron los cuestionamientos y presentaciones contra estas especialistas, a quienes se les reprocha su rol en entrevistas y pericias a niños, adolescentes y personas adultas que relatan situaciones de violencia sexual. Consideran que se busca intimidar y disciplinar a quienes acompañan a las víctimas en el ámbito judicial.
La marcha tendrá como eje el reclamo de mayor protección institucional para los profesionales de la salud mental, así como la exigencia de que el Estado garantice condiciones para que puedan intervenir sin presiones externas ni hostigamiento. También se pedirá que se respete la autonomía técnica de los equipos especializados.
Organizaciones alertan por impacto en causas de abuso
Entre los argumentos de las agrupaciones convocantes aparece la preocupación por el efecto que estas disputas pueden generar sobre las víctimas. Advierten que, si se instala la idea de que las denuncias son “armadas” o “falsas”, muchas personas podrían desistir de acudir a la Justicia por miedo a no ser creídas o a que se cuestione a los equipos que las asisten.
Las organizaciones remarcan que los procesos por abuso suelen ser largos y complejos, y que los informes psicológicos son una parte central de la reconstrucción de los hechos. Por eso, reclaman que los poderes del Estado establezcan protocolos claros para la actuación de peritos, instancias de capacitación continua y mecanismos de resguardo frente a campañas de descrédito o judicialización abusiva de su tarea.
Reclamo de respuestas del Estado
La protesta de este 23 de abril se inscribe en una discusión más amplia sobre la responsabilidad estatal ante los casos de violencia y abuso. Los convocantes sostienen que, además de acompañar a las víctimas, el Estado debe garantizar condiciones laborales adecuadas y respaldo legal para quienes trabajan en el campo de la salud mental y la justicia.
Con la concentración frente a Tribunales, las agrupaciones esperan que los reclamos lleguen a los despachos oficiales y se abran instancias de diálogo para encontrar respuestas concretas. Insisten en que el objetivo central es que las causas de abuso puedan investigarse en un entorno que brinde seguridad, resguardo y respeto tanto a las víctimas como a los profesionales que intervienen.
El “Caso Ángel”: el detonante del cuestionamiento profesional
Si bien las organizaciones denuncian una campaña de desprestigio, el malestar social y judicial tiene un anclaje concreto en casos que han conmocionado a la opinión pública, como el crimen de Ángel, el niño de 4 años asesinado en Comodoro Rivadavia. La actuación de la psicóloga Jennifer Grisel Leiva quedó en el ojo de la tormenta tras ser señalada como la profesional que recomendó y avaló el regreso del menor al entorno de su madre biológica y su padrastro, hoy principales acusados por el homicidio.
El padre del niño, Luis, ha denunciado públicamente que la perito ignoró advertencias críticas y pruebas de video donde el menor manifestaba su miedo. Según su testimonio, la profesional habría actuado con una “insensibilidad extrema”, llegando incluso a desestimar sus ruegos antes del fatal desenlace.
Este caso ha motivado una investigación sobre el equipo técnico judicial, y es el principal argumento de quienes exigen una revisión profunda de los protocolos de revinculación. Para los detractores de la marcha, situaciones como la de Ángel no representan una “persecución”, sino una necesaria rendición de cuentas ante lo que consideran impericia y negligencia profesional en decisiones que terminan costando vidas.
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