Dos agentes de la policía quedaron detenidos y bajo investigación acusados de exigir fuertes sumas de dinero a personas que estaban privadas de la libertad en la comisaría 15ª, a cambio de supuestos beneficios procesales.
Dos agentes de la policía quedaron detenidos y bajo investigación acusados de exigir fuertes sumas de dinero a personas que estaban privadas de la libertad en la comisaría 15ª, a cambio de supuestos beneficios procesales. De acuerdo a la acusación fiscal, los efectivos habrían solicitado entre 300 mil y 500 mil pesos a personas detenidas dentro de la seccional.
La causa sostiene que los policías ofrecían frenar eventuales pedidos de captura, impedir allanamientos sobre los domicilios de los detenidos y hasta garantizar una liberación más rápida si se concretaba el pago exigido. Estas maniobras habrían ocurrido aprovechando la situación de vulnerabilidad de quienes estaban a disposición de la Justicia.
Las víctimas, que permanecían bajo custodia en la comisaría 15ª, habrían sido abordadas en los calabozos y trasladadas a sectores con menor circulación de personal para formularles los requerimientos económicos. Los montos exigidos variaban, pero se ubicaban en una franja de 300.000 a 500.000 pesos, suma imposible de reunir para muchas familias.
Investigación y medidas judiciales
A partir de las primeras denuncias se abrió una investigación interna y judicial que derivó en la detención de los dos agentes sospechados. La imputación incluye el delito de extorsión agravada, dado que se habría utilizado la condición de funcionarios públicos y el contexto de encierro para presionar a los detenidos.
En esta etapa del proceso, la fiscalía reúne testimonios, registros internos de la seccional y comunicaciones que permitan delinear con precisión el modus operandi. No se descarta que puedan aparecer nuevos casos o personas afectadas por el mismo esquema de cobros ilegales dentro de la dependencia policial.
Las autoridades judiciales evalúan además si las maniobras se repetían de forma sistemática, lo que podría agravar la situación procesal de los involucrados. La defensa de los policías tendrá oportunidad de responder a la acusación y ofrecer su propia versión de los hechos en las próximas audiencias.
Impacto institucional y controles internos
El caso vuelve a poner el foco sobre los mecanismos de control dentro de las comisarías y la necesidad de reforzar las instancias de supervisión del accionar policial. La presunta utilización de los calabozos como escenario para exigir dinero a cambio de favores judiciales genera preocupación en organismos de derechos humanos y en el ámbito judicial.
Desde los órganos de control se insiste en que las denuncias realizadas por personas detenidas deben ser tomadas con celeridad y resguardando su integridad, ya que muchas veces temen represalias. También se subraya la importancia de contar con canales externos a la fuerza de seguridad para que esos testimonios puedan ser recibidos sin presiones.
Mientras avanza la causa, los dos policías permanecen detenidos y se espera que la Justicia defina si continúan en esa condición o si se les otorgan medidas alternativas bajo estrictas restricciones. El expediente seguirá sumando pruebas para determinar si hubo más involucrados y cuál fue el alcance real de la maniobra extorsiva en la comisaría 15ª.
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