El Gobierno suspendió el paro de colectivos con una conciliación obligatoria, pero la UTA insiste en que el conflicto salarial sigue sin resolverse.
El Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte. La medida, solicitada por tres de las cuatro entidades del sector, deja sin efecto el paro de colectivos previsto para el 28 de marzo. Además, establece un período de 15 días en el que las partes deben negociar sin adoptar medidas de fuerza.
Desde el Gobierno indicaron que esta disposición también evitaría que la UTA se adhiera al paro general convocado por la CGT para el 10 de abril. El gremio ya había anticipado su participación en la protesta por la falta de respuestas a los reclamos salariales.
El conflicto se originó por la negativa de las cámaras empresarias a otorgar aumentos. La UTA había anunciado la medida de fuerza tras una reunión fallida con los empresarios, a quienes acusó de no preocuparse por los millones de pasajeros afectados.
El secretario general de la UTA, Roberto Fernández, advirtió que el problema se agrava por la decisión de la Secretaría de Transporte de postergar cualquier ajuste salarial hasta junio. Según el sindicato, esta demora perjudica a los trabajadores y refleja la falta de una solución estructural en el sector.
Las negociaciones se encuentran estancadas. Mientras tanto, los choferes exigen una recomposición salarial acorde a la inflación, y las empresas argumentan que no pueden afrontar subas sin mayores subsidios. En este contexto, el sindicato insiste en que el Gobierno debe intervenir con medidas concretas. La UTA ya dejó claro que, si no se alcanza un acuerdo, retomará las protestas una vez finalizado el plazo de conciliación.
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