En 2025, la Nación modificó la estructura del gasto público al aumentar los fondos a provincias y ajustar los programas sociales.
El Estado nacional mantuvo el gasto público en niveles mínimos históricos durante el ciclo 2025 tras el ajuste previo. Sin embargo, la administración nacional aplicó cambios profundos en la composición interna de las erogaciones fiscales actuales. Las transferencias corrientes a las provincias crecieron significativamente debido al cumplimiento de fallos judiciales pendientes a favor de la capital.
En el área social, la Asignación Universal por Hijo registró un incremento real notable en su poder adquisitivo. Por el contrario, los programas de empleo y las políticas alimentarias sufrieron recortes reales muy profundos durante el último año. Los subsidios destinados a la energía y al transporte también continuaron su proceso de reducción sistemática bajo el esquema de tarifas actual.
La obra pública nacional experimentó otra caída drástica cercana al cuarenta y seis por ciento en términos reales. Este fenómeno se explica principalmente por la finalización de grandes proyectos energéticos estratégicos en meses previos. No obstante, el Gobierno priorizó construcciones específicas relacionadas con el transporte ferroviario y el desarrollo de reactores nucleares.
De cara al año 2026, el presupuesto oficial proyecta una contracción adicional cercana al nueve por ciento real. El Poder Ejecutivo ratificó su compromiso innegociable con el sostenimiento del déficit cero en las cuentas públicas. Así, las autoridades prevén profundizar la reducción del personal estatal para optimizar la estructura de la administración central.
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