El Ejecutivo echó a más de cien empleados de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

El Gobierno nacional echó a más de cien empleados de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA). Se trata de un organismo creado por la Ley de Medios.

El Gobierno nacional definió el ajuste de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA). Se trata de un organismo creado por la Ley de Medios para recibir denuncias contra periodistas y medios de comunicación. Hubo más de cien despidos. Asimismo, decidió el remate de sus bienes.

La decisión fue confirmada en el Boletín Oficial este jueves. Y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, por su parte, escribió un extenso mensaje en su cuenta de X al respecto. Cuestionó las funciones del organismo, así como el gasto que le significó al Estado desde su creación, en el año 2009.

El Ejecutivo echó a más de cien empleados de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

“La DPSCA nació en la ley de medios 26.522 diseñada por el kirchnerismo para doblegar al periodismo independiente (¡ay!… y después critican al presidente @JMilei por sus modales). Una de sus innovaciones era un organismo que recibiría denuncias de la ‘ciudadanía’ contra los abusos del ‘periodismo'”, comentó el funcionario. E indicó que “desde su creación en 2009, los argentinos hemos contribuido 70 millones de dólares para sostener este organismo que juntaba denuncias (muchas repetidas con el mismo texto por centenas) en contra de periodistas críticos del kirchnerismo. Para tener una idea de los montos involucrados, en 2023 cada denuncia le costó al contribuyente unos 1,5 millones de pesos”.

En este sentido, el funcionario informó que a partir de ahora, la planta de personal se reducirá de 144 empleados, a 40. Esto significa que habrá más de cien despidos. De esta manera, explicó Sturzenegger, se “aliviana la estructura, remata el estudio de televisión y restringe el uso del organismo como herramienta de persecución”.

Asimismo, anticipó que “el Congreso se debe el debate sobre si queremos este tipo de instituciones”.

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