El procurador Eduardo Casal pidió a la Corte Suprema de Justicia elevar la pena contra Cristina Kirchner a 12 años de prisión por la causa Vialidad.
El procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que eleve a 12 años la pena impuesta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
Casal argumenta que, además del delito de administración fraudulenta, corresponde condenarla por asociación ilícita, delito por el cual fue absuelta en instancias anteriores.
Esta petición se enmarca en el proceso judicial que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner.
En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a la exmandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, pero la absolvió del cargo de asociación ilícita. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó esta condena en noviembre de 2024.
Casal sostiene que existen elementos suficientes para considerar que Fernández de Kirchner lideró una organización delictiva destinada a beneficiar al empresario Lázaro Báez mediante la adjudicación irregular de contratos de obra pública.
La condena
El juez Julián Ercolini, en su resolución de 2016, ya había señalado que se trataba de un plan delictivo diseñado desde la cúpula del Poder Ejecutivo para apoderarse ilegítimamente de fondos públicos.
Por su parte, la defensa de la expresidenta apeló la condena ante la Corte Suprema, argumentando que el proceso judicial estuvo viciado y que se vulneraron sus garantías procesales. Fernández de Kirchner ha denunciado en reiteradas ocasiones ser víctima de una persecución política y judicial, calificando el caso como un ejemplo de “lawfare”.
La Corte Suprema deberá ahora analizar los recursos presentados tanto por la fiscalía como por la defensa. En caso de confirmar la condena y agotar las instancias judiciales, la expresidenta podría enfrentar prisión domiciliaria debido a su edad. Sin embargo, su defensa ha indicado que, de ser necesario, recurrirá a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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