El Gobierno nacional extendió el bloqueo de celulares en cárceles a todos los penales provinciales que se adhieran al nuevo procedimiento. El objetivo es limitar las comunicaciones ilegales desde las prisiones.
La medida amplía a las cárceles provinciales el esquema que rige en el Servicio Penitenciario Federal. Ahora, las compañías de telefonía deberán bloquear los equipos activados dentro de los penales cuando lo requiera el Ministerio de Seguridad.
El procedimiento prevé la inhabilitación del celular, la identificación del abonado y la línea asociada. El objetivo es dificultar la planificación de delitos desde las cárceles y reducir el uso de teléfonos para extorsiones y estafas.
Cada provincia podrá adherir de manera voluntaria al sistema nacional. Una vez que lo haga, el Ministerio de Seguridad enviará los pedidos de bloqueo a las empresas, que deberán actuar sobre los dispositivos que se detecten dentro de los penales.
El bloqueo de celulares en cárceles se complementa con otros controles internos, como requisas y restricciones de acceso de aparatos electrónicos no autorizados. El foco está puesto en limitar las comunicaciones que violan el régimen penitenciario.
Cómo impacta el bloqueo en las provincias
Con la extensión a todo el país, el Gobierno busca un criterio unificado para el uso de tecnología en contextos de encierro. La adhesión de las provincias será clave para que el bloqueo de celulares en cárceles tenga alcance real y sostenido.
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