La investigación por el paquete explosivo enviado al titular de la Daia Rosario, Gabriel Dobkin, sumó este viernes un allanamiento en la sede local de la empresa de paquetería Ocasa y derivó en la demora de dos empleados que se negaron a colaborar con la Justicia.
Allanamiento en Ocasa y dos demorados
El fiscal Carlos Covani, a cargo del caso, confirmó que este viernes se realizaron procedimientos en la filial rosarina de Ocasa, empresa a través de la cual se despachó el envío dirigido a Gabriel Dobkin, presidente de la Daia Rosario. Durante el operativo, dos trabajadores fueron demorados por negarse a aportar información considerada clave para reconstruir el recorrido del paquete.
Covani explicó que los procedimientos se centraron en el área operativa de la firma, donde se intentó relevar registros y documentación vinculada al envío sospechoso. El objetivo es determinar quién despachó el paquete, desde qué punto de origen y qué controles superó antes de llegar a destino.
Peritajes y ausencia de un móvil definido
Mientras tanto, se esperan los resultados de las pericias de la Policía Federal sobre los restos del artefacto hallado. Esos estudios técnicos serán determinantes para establecer el tipo de dispositivo, su capacidad de daño y si efectivamente se trató de un paquete con potencial explosivo o de un simulacro.
El fiscal fue prudente al referirse a los posibles motivos detrás del hecho. Según indicó, no hay por el momento un móvil definido ni elementos firmes que permitan sostener alguna hipótesis en particular. En este punto, Covani remarcó que la prioridad es reconstruir la trazabilidad del envío y avanzar en la identificación de quienes intervinieron en su preparación y despacho.
Hipótesis de ataque antisemita, sin indicios firmes
Por la condición de referente comunitario de Dobkin, una de las primeras sospechas que surgió fue la de un posible ataque antisemita. Sin embargo, Covani fue tajante al aclarar que, a esta altura de la pesquisa, no hay pruebas ni indicios claros que permitan confirmar esa línea investigativa.
El funcionario judicial subrayó que toda hipótesis debe estar respaldada por evidencia y que, por ahora, los datos recolectados no permiten descartar ni afirmar que se haya tratado de un hecho motivado por odio religioso. En ese sentido, insistió en que se trabaja sobre todas las posibles motivaciones, desde un intento de intimidación personal hasta otras variantes que aún se analizan.
Mientras se profundizan los peritajes y se examina la documentación secuestrada en Ocasa, la causa se mantiene en etapa preliminar. Las próximas horas serán claves para determinar si el envío formó parte de una amenaza organizada o si responde a un hecho aislado, y para definir la situación procesal de los empleados demorados durante el allanamiento.
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