Alerta de la CGT ante la distribución de fondos a obras sociales

Las autoridades entrantes de la Superintendencia de Salud comunicaron a los gremios que intentarán cargarles el 30% del costo de la atención a discapacitados de manera directa.

La llegada de Mario Lugones a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) se dio en simultáneo a una propuesta de modificación de los mecanismos de repartos de subsidios. De acuerdo a lo que se conoció, las nuevas autoridades de SSS pretenden cargarles a las prestadoras gremiales parte de los servicios que les brindan a afiliados discapacitados. Hasta ahora, eso lo cubría el Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Asimismo, buscan anular ciertos subsidios automáticos que les permitían equilibrar sus cuentas.

La intención es engrosar el FSR, ese es el objetivo del nuevo esquema de reparto. En los últimos meses alcanzó el agotamiento de los recursos debido al incremento de las erogaciones correspondientes a servicios a personas con discapacidad. Sobre todo en lo relacionado a educación y transporte.

Preocupación

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha estado en constante negociación con el poder político debido a los fondos destinados a las obras sociales. A raíz de la pandemia, se aceleró un proceso que ya venía en marcha antes del aumento exponencial de los gastos en discapacidad. De hecho, se convirtió en el principal factor de agotamiento del Fondo de Solidaridad Redistributivo (FSR). Según la normativa, éste debería destinarse principalmente al reembolso de tratamientos médicos y medicamentos costosos.

Alberto Fernández había comprometido recursos del Tesoro nacional, no reembolsables, para cubrir los costos de educación y transporte relacionados con la discapacidad. Incluso, Sergio Massa incluyó en el Presupuesto 2023 -prorrogado para 2024- una partida de 138 mil millones de pesos para atender esta contingencia sin desfinanciar el FSR.

El año pasado, se utilizó alrededor de 70 mil millones de pesos de esta partida. Por supuesto, el cambio de signo político generó temor entre los sindicalistas, ya que no tienen garantías de que este año se destinarán siquiera lo prorrogado en el presupuesto actual a las obras sociales sindicales. Este es uno de los temas principales que han solicitado discutir con los nuevos responsables de la SSS. De hecho, el plan del “Grupo Güemes” (Lugones, Nosiglia y el gastronómico Luis Barrionuevo) es que el Fondo Solidario cubra solo el 70% de los gastos en discapacidad, dejando el resto a cargo de las obras sociales.

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