El Gobierno de Santa Fe definió cómo recuperará el millonario costo de los operativos desplegados por falsas amenazas en escuelas de la provincia, que en las últimas semanas se multiplicaron y obligaron a intensos procedimientos de seguridad.
Según datos oficiales del Gobierno de Santa Fe, el martes se registraron 78 nuevos casos de amenazas contra escuelas de la provincia. De ese total, 22 se produjeron en el departamento Rosario, consolidando a la región como uno de los focos más afectados por este tipo de intimidaciones.
Desde el 16 de abril ya se contabilizaron 158 denuncias por amenazas dirigidas a instituciones educativas de toda Santa Fe. Cada episodio obliga a desplegar operativos que involucran fuerzas de seguridad, equipos especializados y personal judicial, con el consiguiente impacto en las arcas públicas.
De acuerdo a la administración de Maximiliano Pullaro, cada procedimiento tiene un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos. Ese monto contempla la movilización de recursos, vehículos, peritos y el tiempo de personal afectado mientras se evacúan escuelas y se realizan inspecciones en los edificios.
Cargo económico para los acusados
Frente a la reiteración de amenazas, la administración santafesina definió que esos gastos no quedarán a cargo del Estado de manera exclusiva, sino que serán reclamados a las personas acusadas por los hechos. La intención es que el costo de los operativos se incorpore como parte del perjuicio económico generado por cada intimidación.
De esta forma, además de enfrentar causas penales, quienes sean identificados como responsables deberán responder por la erogación que demandó el operativo. El recupero del dinero se canalizará a través de los mecanismos que fije la Justicia en cada expediente, ya sea mediante embargos, acuerdos de reparación o sentencias condenatorias.
Las autoridades remarcan que el objetivo es desalentar las falsas alarmas, que no solo paralizan la actividad escolar y generan temor en la comunidad educativa, sino que además desvían recursos que deberían estar destinados a otras tareas de prevención y patrullaje.
Impacto en escuelas y en la comunidad educativa
Directivos, docentes, estudiantes y familias conviven desde hace semanas con un clima de tensión cada vez que se reporta una nueva amenaza. Cada llamado o mensaje intimidatorio obliga a interrumpir las clases, evacuar los edificios y montar dispositivos de revisión que, en muchos casos, terminan confirmando que se trataba de una falsa alarma.
En departamentos como Rosario, donde la violencia y los hechos vinculados al crimen organizado ya generan preocupación cotidiana, estos episodios suman estrés y desgaste emocional a la comunidad escolar. Las autoridades educativas insisten en la necesidad de denunciar cada caso y de no subestimar las amenazas.
Mientras tanto, el Gobierno provincial sostiene que la combinación de investigación penal y recupero económico del costo de los operativos será una herramienta más para enfrentar una modalidad delictiva que se volvió recurrente en el sistema educativo santafesino.
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