El reclamo del diputado provincial Carlos del Frade volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento de las cárceles de Santa Fe y las sospechas de coimas y privilegios ilegales dentro del Servicio Penitenciario entre 2021 y 2023.
Del Frade vinculó su planteo con las revelaciones surgidas durante el juicio a la banda de Franco “Fran” Riquelme, donde se mencionaron posibles beneficios indebidos para personas privadas de la libertad, así como el pago de sobornos para acceder a comodidades y facilidades que no están permitidas por la ley.
Según el legislador, los testimonios y documentos que surgieron en ese proceso judicial apuntan a la existencia de redes de corrupción dentro del Servicio Penitenciario santafesino, con hechos que se habrían desarrollado entre 2021 y 2023. Del Frade advirtió que, de confirmarse, no se trataría de situaciones aisladas, sino de un sistema que habría permitido a determinados internos manejar dinero, teléfonos y comunicaciones desde la cárcel.
Un pedido de explicaciones al gobierno santafesino
En ese contexto, el diputado presentó un pedido formal para que el gobierno de Santa Fe detalle qué investigaciones internas se realizaron sobre el Servicio Penitenciario en ese período y cuáles fueron sus resultados. También requirió información sobre sumarios administrativos, sanciones a agentes y posibles denuncias penales impulsadas por el propio Estado provincial.
El legislador sostuvo que es imprescindible conocer si existieron funcionarios, jefes penitenciarios o agentes involucrados en el presunto cobro de coimas para otorgar privilegios, y si las autoridades políticas de entonces tuvieron conocimiento de esas maniobras. Para Del Frade, la respuesta oficial debe ser clara y respaldada por documentación.
Cárceles, violencia y crimen organizado
El caso de la banda de Fran Riquelme se inscribe en un contexto más amplio, donde las cárceles de la provincia vienen siendo señaladas como espacios desde donde se planifican extorsiones, amenazas y ataques vinculados al crimen organizado. Por eso, el pedido de Del Frade apunta también a determinar qué controles se aplicaron para evitar que esas estructuras delictivas se consolidaran puertas adentro de los penales.
El diputado remarcó que el funcionamiento transparente del Servicio Penitenciario es clave para cualquier estrategia de seguridad en Santa Fe. Advirtió que, si se naturalizan las coimas y los privilegios para ciertos internos, se refuerza la capacidad de operación de las bandas criminales y se debilita la confianza social en las instituciones.
En esa línea, reclamó que el Poder Ejecutivo informe qué medidas se adoptaron en los últimos años para mejorar el control interno, la rotación de personal, el monitoreo de comunicaciones y el uso de tecnología para limitar el ingreso de celulares y otros elementos prohibidos a los pabellones.
Transparencia y control ciudadano
Del Frade insistió en que la sociedad tiene derecho a saber cómo se administran las cárceles y cuál es el grado de responsabilidad del Estado frente a las denuncias de corrupción. Señaló que no alcanza con las investigaciones judiciales y que el Poder Legislativo debe recibir información detallada para ejercer su rol de contralor.
El planteo se suma a una serie de cuestionamientos que distintos actores políticos y sociales vienen realizando sobre la situación penitenciaria en Santa Fe, marcada por el hacinamiento, la violencia interna y la influencia de grupos delictivos. Para el diputado, avanzar en el esclarecimiento de estas presuntas coimas y privilegios es un paso necesario para recuperar la autoridad del Estado en el sistema carcelario.
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