La Cámara de Diputados de Santa Fe decidió postergar el tratamiento del proyecto conocido como ley antitrapitos, en medio de fuertes cuestionamientos de la Iglesia y de diferencias internas dentro del propio oficialismo provincial.
Postergan el tratamiento tras las críticas de la Iglesia
La posibilidad de que Diputados de la provincia avanzara este jueves con la ley que busca endurecer las sanciones contra los cuidacoches quedó descartada. El bloque mayoritario de Unidos para cambiar Santa Fe resolvió frenar el debate luego de que distintas organizaciones religiosas expresaran reparos sobre el enfoque punitivo del proyecto.
En lugar de llevar la iniciativa al recinto, se acordó abrir una nueva instancia de diálogo. Según adelantaron fuentes legislativas, la semana próxima se realizará una reunión con representantes de la Iglesia y otros cultos para escuchar sus planteos y revisar algunos artículos del texto.
Las críticas giran principalmente en torno al impacto que podría tener la norma sobre personas en situación de vulnerabilidad que encuentran en la actividad de cuidacoches una forma de ingreso informal. Desde los sectores religiosos insisten en que el Estado debe priorizar políticas de inclusión social y alternativas laborales antes que la persecución penal.
Debate interno en Unidos y reclamos por una salida integral
La decisión de postergar el debate también expuso diferencias dentro del propio oficialismo santafesino. Algunos legisladores de Unidos respaldan una línea más dura frente al fenómeno de los cuidacoches, mientras que otros reclaman contemplar la dimensión social del problema y evitar criminalizar a quienes no tienen trabajo formal.
En ese marco, se analizan posibles modificaciones al articulado para precisar en qué casos se aplicarían sanciones, diferenciando situaciones de violencia o extorsión de aquellas donde se trata solo de una colaboración voluntaria de los automovilistas.
La discusión se da en un contexto de fuerte demanda ciudadana por mayor orden en el espacio público, especialmente en grandes centros urbanos como Rosario, donde la presencia de cuidacoches se volvió un tema recurrente en la agenda política y vecinal.
Mientras se prepara la reunión con referentes de la Iglesia, el oficialismo busca acercar posiciones para evitar una fractura interna y, al mismo tiempo, llegar a un texto que logre el acompañamiento de otros bloques. El futuro de la ley antitrapitos dependerá de ese delicado equilibrio entre reclamos de seguridad urbana y pedidos de contención social.
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