Dos policías que prestaban servicio en la Comisaría 29ª de Villa Gobernador Gálvez llegaron finalmente a juicio oral, acusados de exigir dinero a motociclistas para dejarlos seguir circulando por la avenida Circunvalación, en el límite con Rosario.
Los hechos que se investigan se remontan a marzo de 2019, cuando ambos efectivos desempeñaban funciones en la jurisdicción de Villa Gobernador Gálvez. Según la acusación fiscal, habrían aprovechado su rol de control de accesos a la ciudad para exigir pagos en efectivo a conductores de motos a cambio de no labrar infracciones.
De acuerdo con la investigación, los policías fueron registrados mientras recibían dinero de motociclistas sobre la traza de Circunvalación, en una zona de intenso tránsito entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Esas imágenes se convirtieron en una de las principales pruebas de la causa por exacciones ilegales.
Siete años de demora hasta el juicio
El proceso penal avanzó con lentitud y recién llegó al debate oral siete años después de los hechos denunciados. En este tiempo se sucedieron distintas instancias judiciales y medidas de prueba, mientras la defensa cuestionó la acusación y el modo en que se obtuvieron los registros de las supuestas coimas.
La figura penal que se les atribuye es la de exacciones ilegales, un delito que contempla penas para funcionarios públicos que exigen o perciben sumas de dinero indebidas en el ejercicio de su cargo. En este caso, la hipótesis es que las víctimas eran motociclistas que circulaban por Circunvalación y eran detenidas en controles policiales.
Fuentes del caso indicaron que en el debate se prevé escuchar a los conductores involucrados, además de exhibir el material audiovisual que habría captado el momento en que los policías recibían los pagos. También declararán superiores y compañeros de la seccional de Villa Gobernador Gálvez donde estaban destinados los acusados.
Foco en los controles y el rol de la policía
El juicio reabre el debate sobre el rol de los controles policiales en las rutas y accesos a las grandes ciudades, en especial en sectores de alto flujo como la Circunvalación de Rosario. Organizaciones civiles vienen advirtiendo desde hace tiempo sobre la necesidad de transparentar los procedimientos para evitar abusos.
En paralelo, el caso vuelve a poner bajo la lupa a la Comisaría 29ª de Villa Gobernador Gálvez, que tiene jurisdicción en la zona donde habrían ocurrido los hechos. La expectativa está puesta ahora en el veredicto y en el eventual impacto que pueda tener en la forma en que se diseñan y controlan los operativos de seguridad vial en la región.
La sentencia que dicte el tribunal no sólo definirá la situación de los dos policías acusados, sino que también será leída como una señal institucional respecto de la tolerancia frente a prácticas de corrupción vinculadas al tránsito en una de las principales vías de circulación del sur santafesino.
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