La denominada ley Hojarasca superó su primer gran examen en el Congreso con una votación dividida en la Cámara de Diputados y ahora quedó en manos del Senado, donde el oficialismo buscará convertir en ley la derogación de decenas de normas consideradas en desuso.
Una votación ajustada y con fuerte debate político
En la sesión, el oficialismo logró la media sanción del proyecto con 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones. Con esa correlación de fuerzas consiguió avanzar en su objetivo de suprimir alrededor de 60 leyes que, según la Casa Rosada, ya no tienen aplicación práctica, quedaron obsoletas o chocan con disposiciones de la Constitución Nacional.
El tratamiento en el recinto estuvo marcado por cruces entre el oficialismo y distintos bloques opositores, que cuestionaron el alcance de la iniciativa y advirtieron sobre el riesgo de dejar sin respaldo legal algunas regulaciones que, aun con escasa utilización, siguen vigentes.
Desde el oficialismo defendieron la norma como un paso necesario para simplificar el andamiaje jurídico y depurar el cuerpo normativo de leyes que se superponen, quedaron desactualizadas o perdieron sentido frente a nuevas regulaciones. Sostienen que ese cambio permitirá dar mayor claridad al sistema legal y reducir conflictos de interpretación.
¿Qué busca la ley Hojarasca?
La llamada ley Hojarasca apunta a derogar en bloque normas dispersas que, en la visión del Poder Ejecutivo, forman parte de un entramado jurídico que entorpece la gestión estatal y la actividad privada. El argumento central es que muchas de esas leyes fueron desplazadas por marcos más recientes o nunca tuvieron una implementación efectiva.
Los defensores del proyecto remarcan que no se tocan derechos adquiridos ni pilares del sistema de protección social, y que el listado se compone de disposiciones técnicas, de escasa operatividad o con objetivos ya cumplidos. Los bloques que se opusieron, en cambio, reclamaron un análisis caso por caso y alertaron sobre las consecuencias de una eliminación masiva.
Con la media sanción obtenida en Diputados, el texto será girado al Senado, donde se abrirá una nueva ronda de discusión en comisiones antes de llegar al recinto. Allí se volverán a revisar los fundamentos del Ejecutivo y los efectos concretos de la derogación de cada una de las normas incluidas en el paquete.
Lo que se juega en la próxima instancia
El desenlace en la Cámara alta será clave para el plan oficial de ordenar el marco regulatorio y mostrar avances legislativos. Según admiten en el propio Gobierno, la ley Hojarasca es también una señal política hacia los mercados y hacia otros actores institucionales, al inscribirse en una agenda más amplia de reformas.
De cara al debate en el Senado, se esperan nuevas negociaciones para mantener alineados a los aliados que acompañaron la iniciativa en Diputados y, al mismo tiempo, contener las críticas de sectores opositores que reclaman un tratamiento más segmentado. El resultado terminará de definir el alcance de esta primera ofensiva para revisar el cúmulo de leyes vigentes en el país.
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