El Gobierno de Santa Fe aceleró el envío a la Legislatura de un paquete de reformas penales que busca endurecer la respuesta frente al delito y reforzar el protagonismo de fiscales y fuerzas de seguridad en la investigación criminal.
El gobernador Maximiliano Pullaro remitió a la Legislatura de Santa Fe un conjunto de proyectos que buscan modificar de manera profunda el esquema procesal penal de la provincia. El objetivo declarado es agilizar las causas, limitar maniobras dilatorias y dotar de mayores herramientas de investigación al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y a las fuerzas policiales.
Entre las iniciativas se encuentra la posibilidad de avanzar con juicios en rebeldía para personas imputadas que eludan de forma reiterada las citaciones judiciales. En esos casos, el proceso podría continuar aun sin la presencia del acusado, bajo determinados controles y garantías previstos en la normativa.
Otro punto central del paquete tiene que ver con los allanamientos sin orden judicial en situaciones excepcionales. El Poder Ejecutivo plantea que, ante determinados supuestos de urgencia y riesgo, la policía pueda ingresar a domicilios para asegurar pruebas o detener sospechosos, con posterior revisión de la Justicia.
Espionaje digital y control judicial
Las reformas también contemplan la regulación de tareas de inteligencia y espionaje digital sobre comunicaciones y dispositivos, siempre bajo autorización y supervisión del Poder Judicial. La idea del Ejecutivo es consolidar un marco legal específico para el trabajo sobre información electrónica, cada vez más relevante en causas complejas.
En paralelo, los proyectos refuerzan las facultades de la Fiscalía para coordinar investigaciones con distintas fuerzas policiales y organismos estatales. Se busca que los fiscales tengan un rol más activo y cuenten con procedimientos claros para el uso de nuevas tecnologías de seguimiento y análisis de datos.
Las iniciativas enviadas a la Legislatura forman parte de una estrategia más amplia del gobierno provincial para reorganizar el sistema de persecución penal. El paquete deberá ser debatido en comisiones, donde se esperan aportes de especialistas en derecho penal, organizaciones de la sociedad civil y representantes de los distintos bloques políticos.
El tratamiento legislativo definirá hasta dónde se avanzará con estas nuevas facultades para fiscales y policías y qué contrapesos se establecerán para garantizar el respeto de las garantías constitucionales, en un contexto de fuerte preocupación social por los niveles de violencia y criminalidad en Santa Fe.
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