La investigación por el presunto fraude con combustibles en la Unidad Regional II de Rosario avanzó a una nueva etapa, con la presentación de la acusación formal y pedidos de pena contra policías y civiles señalados como parte de una estructura de desfalco dentro de la fuerza.
El fiscal José Luis Caterina presentó la acusación contra diecinueve policías y dos civiles por un presunto esquema de fraude vinculado a cargas de combustible y retornos económicos en una estación de servicios identificada como Tiferno. La maniobra habría afectado fondos destinados al funcionamiento operativo de la Unidad Regional II (UR II) de la Policía de Santa Fe, con sede en Rosario.
En el escrito, el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) detalló el modo en que según la investigación se habrían autorizado y registrado cargas de combustible que no se correspondían con el consumo real de los móviles policiales. Parte de esos montos, siempre de acuerdo a la hipótesis fiscal, retornaban a funcionarios involucrados.
Las mayores responsabilidades se dirigieron al ex jefe de la Unidad Regional II Daniel Acosta y a su entonces secretario privado Rodrigo Domínguez, considerados por la acusación como piezas centrales en la organización delictiva.
Los principales acusados y la situación procesal
Para Daniel Acosta, ex titular de la UR II, el fiscal solicitó una pena de doce años de prisión. En el caso de Rodrigo Domínguez, su ex secretario privado, el pedido fue aún más severo: catorce años de prisión. Ambos aparecen ubicados en la cúspide de la presunta estructura dedicada al desvío de fondos a través de la operatoria con combustibles.
Junto a ellos, otros efectivos policiales fueron acusados de participar en distintos tramos del circuito investigado, desde la firma de autorizaciones hasta la ejecución de las cargas en la playa de la estación de servicio. Los dos civiles imputados están vinculados, según la acusación, a la operatoria en la firma Tiferno y a la administración de los retornos.
La presentación de la acusación incluye también la situación de otros involucrados que optaron por una vía alternativa. De acuerdo a lo informado, hay cuatro acuerdos abreviados en curso, lo que implica negociaciones entre fiscalía y defensa para resolver sus causas mediante juicios abreviados y penas acordadas.
Prisión preventiva y próximos pasos de la causa
Mientras avanza la etapa previa al juicio, ocho de los imputados continúan en prisión preventiva. La medida fue ratificada por la Justicia ante el riesgo de entorpecimiento de la investigación y la gravedad de los delitos atribuidos, vinculados al manejo de recursos públicos asignados a la seguridad.
Con la acusación ya formalizada, el expediente se encamina hacia la audiencia preliminar, instancia en la que se debatirá la admisibilidad de las pruebas y se definirá la elevación a juicio. Allí, la defensa de cada imputado podrá cuestionar los elementos presentados por la fiscalía y plantear nulidades o pedidos de sobreseimiento.
El caso volvió a poner bajo la lupa el uso de fondos destinados a la logística policial, en particular el sistema de cargas de combustible para los patrulleros. La investigación apunta a determinar hasta qué punto las presuntas maniobras afectaron la capacidad operativa de la fuerza en Rosario y qué controles internos fallaron para que el esquema pudiera sostenerse en el tiempo.
Impacto institucional y debate sobre controles
La causa por el desfalco con combustibles en la UR II se suma a otros expedientes que en los últimos años expusieron irregularidades en distintas áreas de la Policía de Santa Fe. Para el Ministerio Público, avanzar con pedidos de penas elevadas contra altos mandos y funcionarios intermedios busca enviar una señal de tolerancia cero con la corrupción interna.
En paralelo, el proceso judicial reaviva el debate sobre los mecanismos de control administrativo dentro de la fuerza, el seguimiento de los gastos operativos y la necesidad de sistemas más transparentes para el registro y auditoría de combustibles, viáticos y otros recursos sensibles.
La evolución de la causa será seguida de cerca en Rosario y en toda la provincia de Santa Fe, en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad aparece fuertemente condicionada por la eficacia y la integridad de sus autoridades.
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