Un juez de apelaciones ordenó la liberación inmediata del joven de 16 años imputado por presunta complicidad en el homicidio. Aunque los fiscales aseguran que conocía el plan, el menor esperará el desarrollo del proceso fuera de la cárcel.
La Justicia provincial modificó la situación procesal de uno de los adolescentes implicados en el trágico ataque armado en una escuela de San Cristóbal. Mediante una reciente resolución, un juez de apelaciones de Rafaela dispuso la excarcelación inmediata del joven de 16 años. Anteriormente, las autoridades mantenían al imputado bajo prisión preventiva en el pabellón juvenil de la cárcel de Las Flores.
Restricciones legales y argumentos fiscales
A pesar de obtener la libertad, el menor deberá cumplir estrictas reglas de conducta fijadas por el magistrado Matías Drivet. Por consiguiente, el procesado tiene la obligación de establecer su domicilio en la ciudad de Santa Fe y no podrá retornar a San Cristóbal. Asimismo, el tribunal le prohibió terminantemente el uso de redes sociales mientras avance la investigación penal.
Por su parte, los fiscales Carina Gerbaldo y Mauricio Spinoza consideran que el detenido actuó como partícipe secundario en el homicidio. Los funcionarios judiciales sostienen que el joven conocía el plan criminal y alentó al tirador antes de iniciar los disparos. Además, los peritajes tecnológicos detectaron mensajes previos con alusiones directas a masacres internacionales e imágenes de armas de fuego.
La postura de la defensa técnica
Por el contrario, el abogado defensor Pedro Busico afirmó que la fiscalía no posee evidencias contundentes sobre el supuesto conocimiento anticipado. El letrado argumentó que su cliente asistió al colegio junto a su hermana menor, exponiéndose también al peligro de la balacera. De esta manera, la defensa técnica logró desacreditar los fundamentos que sostenían la medida de prisión preventiva.
Con respecto al agresor principal de 15 años, el sistema legal lo declaró inimputable debido a las normativas vigentes sobre minoridad. Por este motivo, los juzgados competentes solo aplicarán medidas de resguardo social y asistencia psicológica para el autor material del crimen. Así, el proceso judicial continuará su curso para determinar el nivel de responsabilidad del adolescente liberado.
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