Horas antes de su regreso a los escenarios rosarinos, la situación judicial de Pity Álvarez volvió a quedar en el centro de la escena: un fiscal pidió que se reanude el proceso por el homicidio que se le imputa desde 2018.
Un homicidio en 2018 y una causa frenada por su salud mental
Cristian “Pity” Álvarez está acusado de haber cometido un homicidio en julio de 2018, hecho por el cual fue detenido y sometido a pericias psiquiátricas. La causa quedó suspendida porque distintos informes médicos indicaron que no estaba en condiciones de afrontar un juicio, al considerar afectadas sus capacidades mentales.
Esa situación procesal se mantuvo durante años, con el expediente prácticamente inmóvil. La defensa insistió en que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados no podía comprender el alcance de la acusación en su contra, mientras que los tribunales aguardaban nuevas evaluaciones para definir los pasos a seguir.
Los nuevos shows como argumento para reactivar el juicio
El panorama cambió a partir del regreso del músico a los escenarios. Primero fue el anuncio de un show en diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, que marcó su vuelta a los grandes recitales. A ese concierto se sumó la confirmación de una nueva presentación en Rosario, prevista para el corto plazo.
Frente a esa actividad pública, un fiscal del caso consideró que Pity se encuentra actualmente “orientado en tiempo y espacio” y que sus limitaciones serían, según su planteo, de carácter selectivo. En su presentación sostuvo:
“9 de mayo: nuevo concierto, nuevo negocio. Sus capacidades son selectivas”, aludiendo a la posibilidad de que el músico organice y protagonice espectáculos masivos mientras permanece sin juicio.
Con ese argumento, el representante del Ministerio Público solicitó que se reanude la tramitación de la causa, se actualicen los estudios médicos y se evalúe nuevamente si el imputado está en condiciones de sentarse en el banquillo y enfrentar un debate oral por el homicidio de 2018.
Debate abierto sobre responsabilidad penal y tratamiento
El caso vuelve a exponer la tensión entre el derecho a la salud mental y la necesidad de que los procesos por delitos graves avancen. Por un lado, la defensa enfatiza el historial de consumos problemáticos y descompensaciones del músico. Por otro, la fiscalía señala que la realización de shows, giras y contratos comerciales demostraría cierto nivel de comprensión y autonomía.
La discusión quedará ahora en manos de la justicia, que deberá resolver si hace lugar al pedido del fiscal, ordena nuevas pericias y fija fecha de audiencia. Mientras tanto, el anuncio del recital en Rosario mantiene al artista en el ojo público y reaviva el reclamo de que el hecho ocurrido en 2018 tenga finalmente un desenlace en los tribunales.
Comentarios