Un búnker de venta de drogas fue derribado en barrio Tablada en el marco de la política provincial contra el narcomenudeo, en una causa que apunta a estructuras vinculadas a la banda de “La Picota” y a desarticular puntos de expendio en los barrios populares de Rosario.
El procedimiento se desarrolló en el barrio Tablada, una de las zonas más castigadas por la violencia ligada al narcotráfico en Rosario. Según informaron fuentes oficiales, este operativo se enmarca en la aplicación de la ley de Microtráfico, que habilita a la provincia de Santa Fe a intervenir directamente en causas de narcomenudeo.
Con este derribo, las autoridades ya contabilizan 109 puntos de venta de drogas desactivados desde la puesta en marcha de esa normativa. La estrategia oficial apunta a ir cerrando, uno por uno, los kioscos de expendio que alimentan la trama del delito en los barrios, al tiempo que se busca avanzar sobre las bandas que los controlan.
Política de “tierra arrasada” para los búnkers
El derribo de búnkers se consolidó en los últimos meses como una política de Estado en Santa Fe. Tras los allanamientos y el secuestro de evidencia, las construcciones son demolidas para impedir que vuelvan a ser utilizadas con fines ilícitos, una demanda sostenida por vecinas y vecinos de los barrios afectados.
La banda de “La Picota” es una de las organizaciones señaladas en distintas investigaciones por su supuesta participación en la administración de puntos de venta de drogas y disputas territoriales. La demolición de este kiosco representa, para las autoridades, un nuevo golpe a esa estructura criminal y a su capacidad de operar en Tablada.
Fuentes vinculadas a la investigación remarcan que la ley de Microtráfico permitió acelerar causas que antes quedaban exclusivamente en el fuero federal. De este modo, los juzgados provinciales pueden intervenir con mayor rapidez en la persecución del narcomenudeo, en coordinación con fuerzas policiales y áreas municipales.
En los barrios del sur rosarino, el avance sobre estos enclaves narcos genera una mezcla de alivio y cautela. Por un lado, se valora el cierre de espacios asociados a amenazas y balaceras; por otro, persiste el reclamo por una presencia sostenida del Estado y políticas sociales que acompañen la recuperación del territorio.
Desde el gobierno provincial insisten en que la continuidad de los operativos y la caída de búnkers es una señal hacia las bandas criminales. El objetivo, remarcan, es reducir la capilaridad del negocio en los barrios, atacar las finanzas ilegales y ofrecer mayor seguridad a los habitantes de Rosario.
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