El gobierno de Santa Fe decidió dar la batalla jurídica en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para sostener la reforma previsional que impulsa la gestión de Maximiliano Pullaro y que es cuestionada por exjueces y exlegisladores provinciales.
Desde la Casa Gris sostienen que la norma aprobada en la Legislatura “salvó la Caja de Jubilaciones” de Santa Fe y apuntan contra los amparos presentados por sectores que, según el oficialismo, buscan mantener beneficios que consideran desproporcionados frente al resto de la población.
La estrategia judicial de la gestión Pullaro
La administración de Maximiliano Pullaro resolvió respaldar la reforma previsional aún a costa de un conflicto prolongado con exmagistrados y exlegisladores que recurrieron a la Justicia. El eje de la disputa es el tope salarial que fijó el nuevo esquema jubilatorio para los haberes de la alta jerarquía estatal.
Desde el Ejecutivo provincial defienden el límite dispuesto y remarcan que se trata de una medida necesaria para garantizar la sustentabilidad del sistema. La Casa de Gobierno insiste en que la Caja de Jubilaciones arrastraba un déficit creciente y que, sin cambios, el impacto sobre las cuentas públicas iba a ser cada vez mayor.
En ese marco, los funcionarios provinciales cuestionan los amparos promovidos por exjueces y exlegisladores, a quienes acusan de pretender “sostener privilegios” que no se corresponden con la situación económica y social de la mayoría de los santafesinos.
El debate por el tope y el impacto en la Caja de Jubilaciones
Uno de los puntos más sensibles de la reforma es el monto máximo que podrán cobrar las jubilaciones de los cargos más altos. Voces del oficialismo plantean que “un ciudadano puede vivir muy bien con 11 millones de pesos al mes”, en alusión al techo que resisten los sectores que recurrieron a la Justicia.
La gestión Pullaro sostiene que el nuevo régimen no afecta derechos adquiridos básicos, sino que corrige asimetrías entre jubilaciones de privilegio y el resto de los haberes del sistema provincial. En esa línea, argumenta que el ajuste sobre las jubilaciones más altas es clave para evitar mayores recortes en las prestaciones medias y bajas.
Fuentes oficiales remarcan que la prioridad es preservar la Caja de Jubilaciones de Santa Fe y evitar que el déficit previsional condicione otras áreas sensibles del presupuesto, como salud, educación o seguridad. La apuesta es que la Corte Suprema convalide la constitucionalidad de la reforma y marque un precedente frente a futuros planteos similares.
Mientras avanza la discusión judicial, el gobierno provincial busca instalar el debate en términos de equidad y sostenibilidad, frente a sectores que, según su visión, intentan aislar la discusión en un puñado de beneficiarios de altos ingresos. El desenlace del caso en la Corte tendrá impacto directo no solo en Santa Fe, sino también en otras jurisdicciones que analizan revisar sus propios regímenes especiales.
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