La supuesta existencia de sobreprecios en contratos de Nucleoeléctrica Argentina desató una nueva disputa entre el gremio estatal ATE y la conducción de la empresa, en un contexto de fuertes tensiones por transparencia y control en el sector energético.
Imagen: Ámbito
ATE denunció a la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) por un presunto caso de sobreprecio en la contratación de bienes y servicios. La presentación se suma a otras irregularidades que el gremio asegura haber señalado ante organismos de control y autoridades nacionales.
La organización sindical sostiene que habría diferencias significativas entre los valores de mercado y los montos finalmente abonados por la compañía, responsable de la operación de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, pieza clave en la matriz energética del país.
¿Qué cuestiona ATE y cómo impacta en la empresa?
Según trascendió en ámbitos gremiales, la denuncia apunta a presuntas maniobras en procesos de compra, donde se habrían autorizado contrataciones a valores por encima de los que ofrecen proveedores competidores. ATE reclama que se investigue si existieron beneficios indebidos para intermediarios o empresas vinculadas.
El conflicto se inscribe en un escenario de internas sindicales y tensiones con la gestión de NA-SA por condiciones laborales, funcionamiento de las plantas y nivel de inversión en mantenimiento y seguridad. Para el gremio, la falta de controles firmes abre la puerta a irregularidades que terminan afectando al Estado y a los usuarios.
Nucleoeléctrica Argentina es una de las empresas estratégicas del sistema energético: aporta cerca del 7% de la energía eléctrica que se consume en el país y administra proyectos de ampliación y modernización nuclear. Por eso, cualquier sospecha sobre el manejo de sus fondos genera preocupación política y económica.
Reclamos por transparencia y controles más estrictos
ATE exige la intervención de organismos de auditoría y control para revisar expedientes de contratación y los criterios utilizados para seleccionar proveedores. La organización plantea que toda la documentación vinculada a esos procesos sea pública y de fácil acceso para trabajadores y ciudadanía.
Desde el sector gremial insisten en que la discusión no se limita a un caso puntual, sino a un modelo de gestión de empresas estatales donde, aseguran, se repiten decisiones discrecionales y falta de rendición de cuentas. Por eso reclaman mesas de diálogo con participación sindical y técnica para discutir mecanismos de compras y licitaciones.
Especialistas en administración pública recuerdan que la normativa argentina prevé procedimientos competitivos para toda compra o contratación estatal, con instancias de control interno y externo. Sin embargo, advierten que la efectividad de esos controles depende tanto de la transparencia de la gestión como de la presión social y sindical para evitar desvíos.
Por ahora, la denuncia de ATE abre un nuevo capítulo en la disputa por el rumbo de las empresas públicas y deja en el centro del debate el uso de recursos en un área sensible como la generación de energía nuclear.
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