La provincia de Santa Fe lidera con 55 muertes en la investigación por fentanilo contaminado, que suma 76 víctimas fatales.
Las muertes vinculadas al suministro de fentanilo contaminado crecen constantemente. Fuentes judiciales informan que hay 76 muertes vinculadas al uso de fentanilo contaminado, de las cuales 55 ocurrieron en la provincia de Santa Fe. Estas muertes ocurrieron principalmente en Rosario, donde se registra 47 víctimas fatales. Otras 8 muertes ocurrieron en la ciudad de Santa Fe.
En Rosario, la contaminación afectó sanatorios públicos y privados. Solo el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) notificó oficialmente a las familias sobre las muertes. En el sector privado, las familias deben solicitar las historias clínicas y buscar asesoría legal para confirmar si sus allegados figuran en la causa judicial.
La investigación, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, enfrenta obstáculos para rastrear la distribución del fármaco contaminado. Este fármaco fue producido por Laboratorios Ramallo S.A. para HLB Pharma Group S.A., empresas bajo sospecha. Hasta ahora, 24 personas vinculadas a la producción y venta del medicamento tienen inhibición de bienes y prohibición de salir del país. Sin embargo, no hay imputados formales. Varias instituciones y familias pidieron ser querellantes, mientras algunos gobiernos provinciales aún no formalizaron su participación.
En el ámbito político, la diputada Silvana Giudici propuso crear una comisión parlamentaria para investigar el caso a fondo. La comisión debía indagar vínculos empresariales y políticos que facilitaron la circulación del fentanilo contaminado.
Sin embargo, el kirchnerismo y parte del peronismo bloquearon la iniciativa, lo que generó críticas por supuesta protección a los responsables. Los laboratorios investigados hicieron negocios millonarios con gobiernos y sindicatos. También participaron en contratos polémicos durante la pandemia, como la importación de la vacuna Sputnik V.
La crisis sanitaria generada por el fentanilo contaminado causó más de 70 muertes. La falta de transparencia y control estatal agrava la situación. La comisión parlamentaria rechazada buscaba esclarecer responsabilidades y mejorar la seguridad en la provisión de medicamentos.
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