La iniciativa del gobierno de Maximiliano Pullaro recibió media sanción por unanimidad. Establece cuatro niveles de riesgo, refuerza las medidas de protección para las víctimas y exige una respuesta rápida y efectiva de la Justicia y los organismos estatales.
Santa Fe dio un nuevo paso en la reforma de sus políticas de prevención y abordaje de la violencia de género. La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el proyecto de ley de prevención, protección y gestión integral del riesgo. El mismo fue impulsado por el gobierno de Maximiliano Pullaro y la iniciativa obtuvo media sanción. Ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.
El texto busca establecer nuevas herramientas para detectar situaciones de violencia, evaluar el peligro al que están expuestas las víctimas y coordinar la intervención de los organismos estatales. Entre sus principales ejes, contempla el uso de tobilleras duales, la clasificación de los casos según su nivel de riesgo y la obligación de actuar de manera inmediata ante situaciones que requieran protección.
La votación contó con el respaldo de los senadores presentes. Además, desde ese espacio político realizaron aportes durante el tratamiento de la propuesta.
Qué cambia con la nueva ley de violencia de género
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un sistema para clasificar las situaciones de violencia de género en cuatro categorías: riesgo bajo, medio, alto y crítico. La evaluación permitirá diferenciar las intervenciones según la gravedad de cada caso. El objetivo es orientar las medidas de prevención, asistencia, protección y seguimiento que correspondan.
La propuesta también incorpora un marco regulatorio para la utilización de dispositivos electrónicos. Entre ellos, las tobilleras duales, que permiten reforzar el control de las restricciones de acercamiento y contribuir a la protección de las personas en situación de violencia.
Otro de los aspectos destacados es la obligación de los agentes del Estado de intervenir de forma inmediata y priorizar la seguridad de las víctimas.
El rol de la Justicia, uno de los ejes del proyecto
La iniciativa establece que los magistrados de todos los fueros deberán actuar de manera ágil y efectiva frente a los casos de violencia de género. El objetivo es evitar demoras en la adopción de medidas de protección y fortalecer la respuesta judicial ante situaciones que puedan poner en peligro la integridad de las víctimas.
El proyecto también busca mejorar la coordinación entre las distintas áreas estatales que intervienen en estos casos, para favorecer el seguimiento de las situaciones denunciadas y reducir los riesgos.