Con un respaldo contundente, el proyecto de ley sobre discapacidad superó la votación en el recinto parlamentario. La norma busca asegurar un régimen de financiamiento continuo y permanente para las prestaciones de salud.
La Cámara de Diputados otorgó media sanción este miércoles al proyecto sobre protección social de la discapacidad para reemplazar el esquema de emergencia vigente. La iniciativa parlamentaria obtuvo 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones tras extensas negociaciones entre los diferentes bloques legislativos. Ahora la Cámara de Senadores asumirá el tratamiento final del expediente durante las próximas semanas para ratificar la norma.
Acuerdos políticos e impacto legislativo
Los referentes de Unión por la Patria mantuvieron reuniones previas con agrupaciones del sector para unificar criterios antes del debate en el recinto. En ese marco, el presidente de la bancada opositora, Germán Martínez, remarcó que el texto aprobado incorpora el 75% de los postulados de la ley de emergencia. Asimismo, la diputada Laura Rodríguez Machado, de La Libertad Avanza, valoró las gestiones de Oscar Herrera Ahuad, titular del bloque Argentina Federal, para lograr consensos.
La iniciativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, elimina el carácter transitorio de la norma previa. De esta forma, el nuevo marco legal de orden público garantiza la compatibilidad entre el trabajo registrado o monotributo y la pensión no contributiva por discapacidad. Sin embargo, la suma de los ingresos laborales del titular no podrá superar el monto equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles.
Financiamiento presupuestario y controles del sistema
Respecto a los recursos económicos, la asignación asignada al Ministerio de Salud no sufrirá reducciones reales en relación al ejercicio fiscal anterior. Del mismo modo, el texto legal crea un mecanismo de control mediante el cruce periódico de datos entre Anses, Arca, Sintys y Renaper. Además, los legisladores incluyeron un apartado especial que fija un plazo máximo de 30 días al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para saldar las deudas históricas con los prestadores del servicio.