Un relevamiento oficial detectó que 1.218 cuidacoches operan en el centro de la ciudad sobre un total de 1.395 identificados. El Concejo Municipal avanza en la ordenanza de adhesión a la ley provincial para sancionar la actividad ilegal.
El Concejo Municipal de Rosario celebró este viernes la cuarta mesa de trabajo sobre cuidacoches para planificar la adhesión a la ley provincial que prohíbe esta labor. Durante el encuentro técnico, los funcionarios revelaron que la ciudad contabiliza 1.395 personas dedicadas a esta tarea. Por esta razón, la provincia busca coordinar los controles locales, ya que 1.218 de estos trabajadores se concentran en el área céntrica rosarina.
Sanciones y detenciones registradas
Las fuerzas de seguridad concretaron 200 detenciones policiales ligadas a estas maniobras en la vía pública a lo largo de 2025. Además, la Justicia de Faltas provincial juzgará la actividad ilegal mediante sanciones de 10 a 20 días de arresto. De igual manera, los inspectores municipales requerirán la intervención policial ante infracciones registradas por lavado o cuidado no autorizado de vehículos.
Por su parte, la presidenta del cuerpo deliberante, María Eugenia Schmuck, impulsó la creación de la ordenanza de adhesión normativa. De hecho, este marco legal facultará al municipio para aplicar las penalidades vigentes en todo el territorio local. Asimismo, el esquema de control abarcará la intervención conjunta de áreas sociales y de seguridad estatal.
Diferencias operativas y control social
Las autoridades distinguirán la extorsión o el control organizado de zonas frente a quienes piden colaboraciones voluntarias para subsistir. A su vez, la legislación clasifica este ejercicio informal como una falta contravencional directa y no como un delito penal. Por lo tanto, los equipos del Gobierno de Santa Fe desplegarán operativos preventivos en las arterias con mayor flujo vehicular.
Igualmente, los concejales analizaron los mecanismos para articular la ayuda social con las personas censadas en el relevamiento inicial. En consecuencia, las secretarías estatales evaluarán cada caso social de forma coordinada con la policía local. Gracias a estas medidas, las dependencias oficiales pretenden erradicar las extorsiones en las calles céntricas.