El diputado nacional Agustín Rossi busca prohibir la ciudadanía por inversión. Se trata del régimen incorporado por el Gobierno nacional.
El diputado nacional Agustín Rossi de Unión por la Patria presentó un proyecto de ley para prohibir que la ciudadanía argentina por naturalización pueda obtenerse a cambio de una inversión económica. La iniciativa apunta directamente contra el régimen de “ciudadanía por inversión” incorporado por el Gobierno nacional. Propone eliminar la figura de la denominada “inversión relevante” como vía para acceder a la nacionalidad.
El proyecto establece que ningún pago, inversión, aporte, donación, adquisición de bienes o suscripción de títulos públicos o privados podrá reemplazar el requisito de residencia. Éste está previsto por la legislación argentina para obtener la ciudadanía por naturalización.
La propuesta, que también lleva la firma de la diputada nacional Kelly Olmos, plantea además la disolución de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión. Asimismo, dejar sin efecto los trámites iniciados bajo ese régimen y revisar las ciudadanías que eventualmente hayan sido otorgadas mediante ese mecanismo.
Cómo funciona el régimen impulsado por el Gobierno
La presentación de Rossi se produjo luego de que el Gobierno nacional difundiera los detalles del programa durante la Argentina Week de París. El esquema contempla la posibilidad de que ciudadanos extranjeros accedan a la nacionalidad argentina mediante determinados aportes económicos.
Según el mecanismo anunciado, los interesados podrán optar por realizar un aporte directo y no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional o suscribir un título público por 800.000 dólares creado específicamente para el programa. Las operaciones deberán realizarse a través del sistema financiero formal y, de acuerdo con lo informado por el Gobierno, el régimen comenzaría a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.
Una de las principales diferencias respecto del procedimiento tradicional es que los solicitantes que ingresen por esta vía no deberán acreditar previamente dos años de residencia en el país.
El beneficio también contempla al grupo familiar. Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, siempre que sean solteros y no tengan hijos, podrán acceder mediante un aporte adicional de 100.000 dólares al Tesoro Nacional. Para los menores de 18 años, el monto previsto será de 25.000 dólares.
La evaluación de las solicitudes estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión. Participan organismos como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior.
El Gobierno sostiene que el mecanismo incorporará controles de diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos en línea con recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Qué propone el proyecto de Rossi
Frente a ese esquema, la iniciativa presentada por Rossi busca modificar nuevamente la Ley de Ciudadanía Nº 346. Su intención es establecer que ninguna contraprestación económica pueda sustituir las condiciones exigidas para la naturalización. Además de eliminar la causal de inversión incorporada por el DNU 366/2025, el proyecto plantea prohibir que el Estado emita títulos de deuda que otorguen a sus compradores el derecho a solicitar la ciudadanía o beneficios migratorios.
También propone impedir que organismos públicos contraten o se asocien con empresas y consultoras privadas destinadas a promocionar o gestionar programas de ciudadanía vinculados con contraprestaciones económicas.
Uno de los argumentos centrales del proyecto es de carácter constitucional. Rossi sostiene que la Constitución Nacional le atribuye al Congreso la facultad de legislar sobre naturalización y ciudadanía, por lo que cuestiona que una modificación de ese alcance haya sido introducida mediante un decreto de necesidad y urgencia.
La iniciativa incorpora además una discusión vinculada con la propiedad de tierras por parte de extranjeros. El diputado plantea que la obtención de la ciudadanía mediante una inversión podría modificar la situación jurídica de quienes accedan a la nacionalidad y, eventualmente, permitirles dejar de estar alcanzados por determinadas restricciones aplicables a extranjeros.
El proyecto también advierte sobre posibles consecuencias internacionales de los programas de ciudadanía por inversión, particularmente en materia de controles migratorios, financieros y reconocimiento de los documentos de viaje.
La discusión queda ahora planteada en el Congreso, donde deberán analizarse tanto los alcances del régimen creado por el Gobierno como la propuesta para derogarlo y establecer por ley que la nacionalidad argentina no pueda ser concedida a cambio de una contraprestación económica.