La decisión de la Corte Suprema de convalidar el DNU 70/23 dejó sin efecto los límites a la compra de campos por parte de extranjeros. En efecto, reavivó la discusión sobre la soberanía sobre la tierra en la Argentina.
El fallo llegó luego del frustrado intento del oficialismo en el Congreso por reinstalar la Ley de Tierras. Con esta resolución, el máximo tribunal ratificó la vigencia plena del DNU 70/23 y despejó trabas para la venta de grandes extensiones de territorio nacional a capitales extranjeros.
La Corte desestimó el planteo del CECIM La Plata, que había cuestionado el decreto por entender que afecta un bien colectivo: la soberanía. Su representante legal, Jerónimo Guerrero Iraola, consideró que los jueces “subestimaron la repercusión social” de la medida y advirtió que, bajo este criterio, casi nadie queda habilitado para defender judicialmente ese interés.
En paralelo, el debate por la venta de tierras a extranjeros vuelve a la Cámara de Diputados, donde distintos bloques intentan reinstalar límites a la extranjerización de la propiedad rural. Organizaciones de excombatientes, entre ellas referentes de Rosario, anunciaron una agenda de movilizaciones y expresaron su repudio al fallo.
Los exsoldados sostienen que la discusión excede lo jurídico y atraviesa temas sensibles como el control de recursos naturales estratégicos y la presencia de actores extranjeros en zonas de frontera. También pusieron la mira en las Legislaturas provinciales, a las que reclaman herramientas propias para proteger el territorio.