Sin apoyo del Senado ni de la propia Corte, García Mansilla evalúa renunciar mientras crece la presión política y judicial sobre su figura.
Manuel García Mansilla atraviesa un momento decisivo en la Corte Suprema. Su continuidad como juez quedó en duda tras el rechazo de su pliego en el Senado, donde solo 20 legisladores respaldaron su designación frente a 51 votos en contra. La falta de apoyo fue transversal: sectores del oficialismo, la oposición y hasta sus propios colegas del tribunal le soltaron la mano.
Ricardo Lorenzetti, uno de los jueces del máximo tribunal, sugirió públicamente que García Mansilla debía dar un paso al costado. En paralelo, el juez federal Alejo Ramos Padilla le prohibió firmar fallos mientras dure su nombramiento “en comisión”, argumentando que la designación por decreto viola la Constitución. La medida se tomó tras una denuncia presentada por Jorge Rizzo y Andrés Gil Domínguez.
El Gobierno intentó frenar el golpe judicial con un recurso de per saltum ante la Corte, impulsado por el procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla. Sin embargo, fuentes oficiales dejaron en claro que la decisión de renunciar depende únicamente del magistrado. En un gesto que resalta la contradicción, García Mansilla había asegurado en 2023 que nunca aceptaría un nombramiento sin aval parlamentario.
Su eventual salida dejaría otra vez al tribunal con tres miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Ariel Lijo, también propuesto por el Ejecutivo, eligió no asumir en las mismas condiciones y permanece en su cargo como juez federal.
En este contexto, el senador Bartolomé Abdala reveló que el Gobierno quiso postergar la votación en el Senado. Aunque evitó dar detalles, reconoció el revés político y lamentó la injerencia partidaria en la Justicia. Para Abdala, el oficialismo no logró “congraciarse con el voto de los senadores” y pagó el precio de haber subestimado el equilibrio institucional.
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