Los dos pasajeros demorados por presuntamente tener sexo en un avión recuperaron la libertad sin imputaciones formales. Debido a esta falta de datos sobre el escándalo en el avión, el abogado de la pasajera afirmó que la causa está frenada por la aerolínea.

La investigación penal sobre el escándalo por dos pasajeros que presuntamente tuvieron sexo en un avión de Copa Airlines permanece estancada en los tribunales rosarinos. El abogado defensor Jorge Resegue denunció este miércoles que la aerolínea centroamericana todavía no aportó los datos requeridos por la Justicia. Por lo tanto, el Ministerio Público de la Acusación enfrenta serias dificultades para avanzar con el esclarecimiento de los hechos.
Ausencia de testigos y medidas probatorias
Con respecto a las pruebas, la fiscal Cecilia Marcolin Loberse aún no pudo tomar declaración testimonial a los pasajeros de la clase ejecutiva. La defensa técnica de la mujer implicada, una comerciante de sesenta años, solicitó formalmente las grabaciones de las cámaras internas de la aeronave. Asimismo, el letrado consideró que los registros fílmicos demostrarán la inocencia absoluta de su clienta frente a las acusaciones de exhibiciones obscenas.
Por su parte, los voceros judiciales confirmaron que ni la mujer ni el hombre de cincuenta y cuatro años poseen imputaciones formales actualmente. Los sospechosos recuperaron la libertad en la seccional duodécima del barrio Ludueña pocas horas después del operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. De igual modo, el representante legal desmintió las versiones periodísticas sobre la supuesta presencia de una menor de edad como testigo presencial.
Acciones civiles y perjuicio mediático
Por otra parte, el fuero civil y comercial dictó una medida de restricción para prohibir la difusión de los datos filiatorios de los involucrados. Resegue calificó el tratamiento periodístico inicial como una masacre mediática perjudicial para el honor de la empresaria afectada. En consecuencia, la defensa planifica iniciar una demanda por daños y perjuicios económicos y personales contra los responsables de las filtraciones.




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