Un nuevo informe oficial de la Corte Suprema muestra una baja en los femicidios en Argentina, aunque las cifras siguen siendo preocupantes y mantienen en alerta a especialistas y organizaciones feministas.
La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación difundió su informe anual sobre femicidios y otras muertes violentas de mujeres en el país. De acuerdo al relevamiento, los casos registrados mostraron una disminución del 12,3% respecto de 2024, un dato que introduce matices en medio del fuerte ajuste en políticas de género impulsado por el gobierno nacional.
Según el documento, en lo que va del año se contabilizaron 105 femicidios en todo el territorio argentino. La cifra implica una baja interanual, pero sigue reflejando una problemática estructural que se mantiene en niveles alarmantes y vuelve a colocar en el centro del debate la eficacia y la continuidad de las políticas de prevención.
El peso de las jurisdicciones y las políticas de prevención
El informe de la Corte Suprema señala que la reducción de casos se explica, en buena medida, por una disminución registrada en algunas jurisdicciones, con especial incidencia en la provincia de Buenos Aires. Allí se sostuvieron programas y herramientas de abordaje de la violencia de género, a diferencia de lo ocurrido en otros distritos donde muchas de esas políticas sufrieron recortes o reconfiguraciones.
Especialistas consultados remarcan que la continuidad de dispositivos como líneas de atención, refugios, equipos interdisciplinarios y unidades fiscales especializadas tiene un impacto directo en la detección temprana de situaciones de riesgo. La baja en algunos indicadores, aclaran, no debe confundirse con una solución definitiva, sino que muestra la importancia de sostener y profundizar las estrategias de prevención y acompañamiento.
Cifras que siguen siendo alarmantes
Aun con la caída porcentual, los 105 femicidios registrados en lo que va del año reflejan la persistencia de un nivel de violencia extremo contra mujeres y diversidades. Cada caso implica, además, un entramado de violencia previa, denuncias desoídas o tardías, y fallas en los dispositivos de protección, algo que el movimiento Ni Una Menos viene denunciando de manera sostenida desde hace años.
Organizaciones de derechos humanos advierten que la lectura de los datos oficiales debe hacerse con cautela: los números pueden fluctuar según la clasificación de los hechos, la capacidad de registro en cada provincia y los cambios en los equipos técnicos que realizan la carga de información. Por eso insisten en que cualquier retroceso en políticas públicas de género puede impactar en la prevención, aun cuando aún no se vea reflejado de manera inmediata en las estadísticas.
Otra preocupación es el efecto de la crisis económica sobre las víctimas. La dependencia económica, la pérdida de empleo y el deterioro de los ingresos suelen dificultar las posibilidades de las mujeres de salir de contextos violentos, incluso cuando existen redes comunitarias y organizaciones que ofrecen acompañamiento.
Desafíos pendientes en la lucha contra los femicidios
Con este panorama, los datos de la Corte Suprema vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer políticas integrales de prevención, que incluyan desde la educación con perspectiva de género hasta la capacitación de operadores judiciales y fuerzas de seguridad, pasando por la asistencia económica y habitacional para quienes deciden denunciar.
Las organizaciones feministas advierten que los números no deben usarse como justificación para recortar programas, sino como una herramienta para detectar qué estrategias funcionan y dónde se necesita reforzar recursos. En ese sentido, remarcan el rol de las estadísticas oficiales, pero también de los relevamientos que realizan observatorios y colectivos territoriales, que muchas veces detectan casos que no llegan a los registros judiciales.
Mientras tanto, la consigna “Ni Una Menos” sigue vigente en todo el país y las marchas se multiplican cada vez que un nuevo femicidio conmociona a una provincia o a una ciudad. La baja del 12,3% en los casos, lejos de cerrar la discusión, renueva el debate sobre cómo sostener políticas públicas en un contexto de ajuste y cómo garantizar que ninguna víctima quede desprotegida.
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