Un nuevo ataque de un perro de raza potencialmente peligrosa, ocurrido en el Fonavi San Jerónimo, vuelve a poner bajo la lupa la responsabilidad de los dueños y la efectividad de las normas vigentes para prevenir estos hechos.
El ataque sufrido este miércoles por un niño en el complejo Fonavi San Jerónimo reavivó el debate sobre la tenencia responsable de perros de razas potencialmente peligrosas. El caso se conoce pocos días después de la histórica condena al dueño del pitbull que mató a “Garrafa”, un hombre que circulaba en bicicleta y murió por las heridas.
En el nuevo episodio, el chico fue embestido por un pitbull que, según los primeros testimonios, se habría escapado de una vivienda del barrio. Vecinos relataron que el animal ya había mostrado conductas agresivas y que existían reclamos previos por el riesgo que representaba.
El menor fue trasladado de urgencia a un centro de salud con lesiones de consideración, pero fuera de peligro. La causa quedó en manos de la Justicia provincial, que evalúa imputar al propietario del perro por lesiones culposas y posible incumplimiento de deberes de cuidado.
Una condena que marcó un precedente
Días atrás, los tribunales provinciales dictaron una condena inédita contra el dueño del pitbull que atacó y mató a “Garrafa”. La Justicia entendió que el imputado había actuado con una grave negligencia al permitir que el animal circulara sin las medidas mínimas de seguridad, como correa, bozal y cerco adecuado.
La sentencia fue celebrada por organizaciones proteccionistas y especialistas en derecho animal, que remarcan que los ataques no son responsabilidad de la raza, sino del manejo que hacen los humanos. Sin embargo, señalan que todavía existe un vacío entre lo que dicen las ordenanzas y leyes, y su aplicación real en los barrios.
¿Alcanza la norma sobre razas peligrosas?
En la provincia de Santa Fe y en ciudades como Rosario y Santa Fe capital existen normas que regulan la tenencia de perros de razas consideradas potencialmente peligrosas, como pitbull, rottweiler o dogo argentino. Exigen registración, uso de bozal y correa corta en la vía pública y condiciones específicas de alojamiento.
No obstante, en la práctica, el cumplimiento suele ser bajo. Municipios y comunas admiten que tienen pocos recursos para controlar el registro de estos animales, y que la mayoría de las intervenciones se dan recién después de un ataque, cuando el daño ya está hecho.
Especialistas en comportamiento animal sostienen que la clave está en la educación temprana del perro y en la capacitación de los dueños. Recomiendan socialización controlada, paseos diarios, castración y evitar el adiestramiento orientado a la guarda o el ataque, prácticas que aumentan el riesgo de episodios violentos.
Tenencia responsable y prevención
Organizaciones vinculadas a la problemática insisten en que la tenencia responsable no se reduce a alimentar y vacunar al animal. Implica asumir responsabilidad civil y penal por los daños que pueda causar, garantizar su bienestar y respetar a la comunidad con la que convive.
Entre las medidas recomendadas figuran:
- Registrar al animal y mantener actualizados los datos del dueño.
- Usar siempre correa y, en caso de razas fuertes, bozal en la vía pública.
- Asegurar el perímetro del domicilio para evitar escapes.
- Recurrir a adiestradores profesionales con enfoque en convivencia responsable.
- Evitar exponer al perro a situaciones de estrés extremo o maltrato.
En paralelo, especialistas en derecho animal plantean la necesidad de campañas de concientización permanentes y de un esquema de sanciones progresivas para quienes incumplen la normativa, que incluya multas, inhabilitaciones y, en casos graves, penas de prisión efectiva.
“No es un problema de perros asesinos, sino de personas irresponsables y un Estado que llega tarde”, resumió una abogada consultada por este medio.
Mientras la Justicia avanza sobre el caso del niño atacado en el Fonavi San Jerónimo, el nuevo episodio vuelve a encender las alarmas y obliga a revisar si las normas actuales son suficientes o si hace falta ir más a fondo para prevenir tragedias evitables.
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