El Gobierno de Santa Fe profundizó su ofensiva contra las amenazas a escuelas y comenzó a intimar a los familiares de los alumnos señalados como responsables, con reclamos económicos que superan los 36 millones de pesos.
La Provincia de Santa Fe avanzó este fin de semana con una nueva tanda de intimaciones formales a familiares de niños y adolescentes investigados por realizar amenazas contra instituciones educativas. Entre el viernes y el sábado se entregaron 11 notificaciones en seis departamentos del territorio santafesino.
Las comunicaciones oficiales exigen un resarcimiento económico por los costos que generan los operativos de seguridad, evacuaciones y suspensiones de clases. Según informó el Gobierno provincial, el monto total reclamado en esta etapa supera los 36 millones de pesos.
En uno de los casos, al recibir la notificación, una abuela no pudo ocultar la sorpresa y la bronca frente a la conducta de su nieto. “¿Qué hiciste, no te da vergüenza?”, se la escuchó reprocharle, reflejando el impacto que empiezan a tener estas medidas en los hogares alcanzados por las intimaciones.
“No es broma; es delito”: el mensaje del Gobierno
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, reforzó el mensaje oficial frente a la sucesión de amenazas que en los últimos meses afectó a escuelas de distintos puntos de la provincia. “No es broma; es delito”, insistió, en referencia a los llamados intimidatorios, correos electrónicos y mensajes que obligan a interrumpir las actividades escolares.
La estrategia del Gobierno santafesino apunta a que los adultos responsables de los menores asuman las consecuencias económicas y legales de estas conductas. Las intimaciones detallan los gastos derivados de cada episodio, incluyendo despliegue policial, intervención de equipos especializados y afectación del servicio educativo.
Desde la Provincia remarcan que las amenazas a escuelas no sólo generan temor y angustia en las comunidades educativas, sino que interrumpen el derecho a la educación de miles de alumnos y tensan el funcionamiento de toda la red institucional.
Responsabilidad adulta y prevención
Las autoridades insisten en que los hechos, aun cuando sean presentados como “chistes” o “bromas pesadas”, se investigan como delitos. El objetivo es desincentivar este tipo de conductas y dejar claro que generan consecuencias concretas tanto para los menores como para sus familias.
En paralelo a las intimaciones económicas, el Gobierno provincial sostiene acciones de prevención y concientización en escuelas y barrios, con el foco puesto en que los chicos entiendan el alcance de las amenazas y el impacto que provocan en docentes, estudiantes y familias.
La combinación de sanciones económicas, investigación penal y trabajo preventivo busca marcar un cambio de época en el abordaje de estas situaciones, que dejaron de tratarse como simples travesuras para ser consideradas dentro del marco delictivo vigente.
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