Un subcomisario de 43 años quedó formalmente imputado en Santa Fe en una causa por presuntas coimas dentro de una comisaría, que ya tiene a otros dos policías condenados por haber cobrado un millón de pesos para devolver una moto secuestrada.
Un subcomisario de 43 años quedó formalmente imputado en Santa Fe en una causa por presuntas coimas dentro de una comisaría, que ya tiene a otros dos policías condenados por haber cobrado un millón de pesos para devolver una moto secuestrada.
En la misma causa ya fueron condenados otros dos efectivos policiales, quienes, según la investigación, participaron directamente en la maniobra para exigir y percibir el dinero. El nuevo acusado se desempeñaba como subjefe en la seccional señalada y habría tenido un rol clave en el funcionamiento de la estructura que permitió el cobro de la coima.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) reconstruyó que la moto fue retenida formalmente, pero, lejos de seguir los pasos administrativos habituales, los policías ofrecieron devolverla de manera irregular a cambio de una suma de dinero. Esa entrega fue controlada, con billetes marcados y tareas de seguimiento, lo que derivó en la detención de los involucrados.
Billetes marcados y condenas previas en la fuerza
Como parte de la pesquisa se utilizaron billetes previamente identificados, una práctica habitual en casos de corrupción policial. El hallazgo de ese dinero en dependencias de la comisaría y en poder de los efectivos fue uno de los elementos valorados por la Justicia para avanzar en las condenas anteriores y ahora en la imputación del subjefe.
Los dos policías ya sentenciados aceptaron su responsabilidad en un juicio abreviado, donde se fijaron penas de prisión y la inhabilitación para ejercer funciones públicas. La nueva audiencia busca determinar si el subcomisario tuvo participación directa en la exigencia de la coima o si facilitó el accionar ilegal de sus subordinados.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el control interno dentro de la policía santafesina y las medidas para prevenir prácticas extorsivas que afectan a vecinos que se ven obligados a negociar por bienes secuestrados. La expectativa está puesta en la resolución judicial y en las eventuales sanciones administrativas que podrían derivarse para los implicados.
La investigación también reaviva el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia y protección de testigos en hechos que involucran a fuerzas de seguridad, con el objetivo de evitar represalias y garantizar que las víctimas se animen a exponer estas maniobras.
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