La Cámara de Diputados de Salta aprobó ayer modificaciones al Régimen Penal para Niños, Niñas y Adolescentes, pasando del sistema inquisitivo al acusatorio. El oficialismo sostuvo que esto permitirá un trato más respetuoso de los derechos de los menores que delinquen, aunque la oposición cuestionó la falta de inversión en infraestructura para la aplicación de medidas tutelares.
Tras un prolongado debate en la Cámara de Diputados de Salta, se aprobaron las modificaciones al Régimen Penal para Niños, Niñas y Adolescentes. El oficialismo argumentó que el cambio permitirá un enfoque más justo y respetuoso de los derechos de los menores que cometen delitos, mientras que la oposición criticó la falta de inversión en infraestructura para la aplicación de medidas tutelares.
La diputada María del Socorro Villamayor, quien impulsó la iniciativa, recordó que la ley provincial 8097 estableció el régimen penal juvenil en Salta, pero su aplicación se fue prorrogando debido a dificultades operativas. Por lo tanto, se creó una comisión para estudiar posibles cambios en la normativa, que resultó en el proyecto aprobado.
El proyecto establece la obligación de informar de inmediato a los padres o tutores del lugar donde se encuentra detenido el menor y otra información relevante para su caso. También se prevén medidas socioeducativas, como la realización de tareas comunitarias y el pedido de perdón a las personas afectadas.
Sin embargo, el diputado Jorge Restom, del bloque Todos, cuestionó la votación debido a la falta de inversión en infraestructura para el sistema tutelar y la difícil situación que atraviesan muchos niños y adolescentes en la provincia. Restom señaló que la epidemia de dengue está afectando gravemente a los jóvenes y que muchos estudian en condiciones inhumanas.
El diputado Roque Cornejo también opinó que se deben mejorar las condiciones de detención, mientras que Cristina Fiore pidió un cuarto intermedio para incorporar al proyecto un punto que prevea presupuesto para mejorar la reinserción social de los menores, pero el oficialismo lo rechazó.
La diputada Jorgelina Juárez subrayó la necesidad de políticas públicas de prevención de delitos y rehabilitación de personas con consumo problemático, afirmando que la provincia no cumple con un fallo judicial que ordena destinar el 10% de las partidas del Ministerio de Salud Pública a la salud mental. Juárez hizo un llamado a que se restituyan los gabinetes psicopedagógicos y se asista a las personas adictas.
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